Nuevo capítulo del caso de las comfort letter, en el TSJ

El exalcalde de Valladolid Francisco Javier León de la Riva tendrá que volver a sentarse en el 'banquillo' el próximo martes ya que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha accedido, tras la súplica presentada por Fiscalía, a celebrar una vista con la presencia de los tres acusados absueltos en el juicio del caso 'Comfort Letter' para resolver el recurso interpuesto por el Ministerio fiscal contra la sentencia absolutoria.

Fuentes judiciales han señalado a Europa Press se había convocado por providencia para el pasado 5 de noviembre una vista para deliberación, votación y fallo del recurso de apelación presentado por la Fiscalía de Valladolid contra la sentencia que absolvía a León de la Riva y los exconcejales del PP Alfredo Blanco y Manuel Sánchez de los delitos que se les imputaba por la firma de las cartas de conformidad del Ayuntamiento para el préstamo de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV).

El auto del TSJCyL explica que el Ministerio fiscal presentó recurso de súplica contra la decisión, por haberse tomado por providencia y porque estima "de todo punto necesaria" la celebración de vista con la presencia de los acusados absueltos, que "deberán ser oidos en relación con la solicitud de revocación de la condena absolutoria y su sutitución por otra condenatoria".

De esta manera, en lugar de tomarse la decisión entre los integrantes de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, se ha fijado una vista pública para las 10.30 horas del próximo martes, 20 de noviembre, con presencia de León de la Riva, Blanco y Sánchez y sus representantes.

La defensa de Alfredo Blanco se opuso a la pretensión del recurrente, mientras que la de los otros dos acusados absueltos, si bien coincide con su compañero, con respecto a estimar que la pretensión es "carente de fundamento", no se opone en principio a la celebración de vista con presencia de los acusados absueltos "por puras razones prácticas".

Cabe recordar que para León de la Riva la Fiscalía pedía una pena total de nueve años de prisión y 33 de inhabilitación por delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa, de los que fue absuelto por la sentencia de la Audiencia Provincial, mientras que se dictaminó también la absolución de los dos exconcejales del PP que se sentaron en el banquillo junto al exregidor, Alfredo Blanco y Manuel Sánchez.

Para ellos, la Fiscalía de Valladolid pedía 24 años de inhabilitación, en su condición de entonces integrantes del Consejo de Administración de la SVAV, como autores de tres delitos de prevaricación pasiva o por omisión.