Castilla y León

Castilla y León

Valladolid

El juez decreta el ingreso en prisión de Lino Rodríguez

22 marzo, 2019 19:13

El Juzgado de lo Penal número 4 de Valladolid ha citado al expresidente de Asaja, Lino Rodríguez, para el próximo lunes, 25 de marzo, para entregarle el mandamiento de ingreso en prisión para cumplir la condena de dos años y ocho meses de prisión que le impuso por delito continuado de falsedad en documento mercantil y de otros dos de fraude en el cobro de subvenciones a la Junta de Castilla y León.

Una vez recogido el citado mandamiento judicial en la sede del tribunal sentenciador, según una información de Diario Valladolid El Mundo recogida por Europa Press, el condenado tiene diez días para ingresar voluntariamente en un centro penitenciario.

La decisión del Juzgado llega después de que la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid haya rechazado, a principios del mes de marzo, el último recurso interpuesto por el condenado contra la decisión del juez de Penal de no suspender el ingreso en prisión mientras se tramita el indulto solicitado al Gobierno.

El exdirigente de Asaja tiene recurrida dicha condena en amparo ante el Tribunal Constitucional, órgano de Justicia al que ha solicitado la suspensión de la ejecución de la condena hasta que su recurso sea resuelto.

El expresidente de Asaja fue condenado a dos años y ocho meses de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y de otros dos de fraude en el cobro de subvenciones a la Junta de Castilla y León en sendos expedientes tramitados a través de la mercantil Campo de Peñafiel S.L. por importe global de más de un millón de euros.

Así, amén de los dos años y ocho meses de privación de libertad, la sentencia de Penal 4 confirmada luego por la Audiencia Provincial incluía el pago de una multa de 1.567.007,74 euros y, en concepto de responsabilidad civil, el abono a la Junta de 727.568,23 euros más intereses, con responsabilidad civil subsidiaria la mercantil Campo de Peñafiel, S.L.

Además, se le condenó a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de cuatro años y medio.

Por contra, en el fallo quedó absuelto de la tentativa de fraude de la que venía siendo acusado por la otra subvención, por 252.000 euros, que no llegó a cobrar al percatarse la Junta de la irregular tramitación seguida.