Con una expectación inusitada, sobre todo entre cazadores, sus representantes y también de asociaciones agrarias, el Pleno de las Cortes de Castilla y León da el visto bueno a la proposición de ley impulsada por PP, PSOE y Ciudadanos, con la abstención de Podemos aunque dejó clara su postura a favor de una caza regulada, para modificar la Ley de Caza de 1996 y "blindar" así la actividad cinegética en la Comunidad Autónoma, paralizada de forma cautelar por el Tribunal Superior de Justicia tras un recurso del Partido Animalista Pacma, cuya presidenta, Silvia Barquero, acudió a las Cortes de Castilla y León este miércoles, para anunciar que ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que notifique el auto que paraliza la caza a todos los grupos políticos que pretendían modificar la ley de caza con el fin de reclamar que se depuren responsabilidades si con el nuevo texto se pretende permitir una actividad "paralizada" por orden judicial.

Por cierto, que se trata de la última norma aprobada en las Cortes de Castilla y León en la IX Legislatura que ha salido adelante por el procedimiento de lectura única ya que, según ha reconocido el procurador 'popular' Salvador Cruz, "sin este procedimiento" no hubiera dado tiempo a garantizar el ejercicio de la actividad cinegética en la inminente temporada con los correspondientes perjuicios económicos, fundamentalmente para el medio rural, a lo que ha sumado un mayor riesgo para la siniestralidad viaria, para la sanidad animal y para la salud pública.

"Esta Cámara ha hecho lo correcto y lo que tenía que hacer en un ejercicio de responsabilidad", ha defendido Salvador Cruz en la defensa de esta proposición de ley que sólo ha contado con el rechazo del procurador de IU-Equo, José Sarrión, que, aunque no ha podido asistir a la sesión plenaria por estar convaleciente, ha trasladado al presidente del Parlamento, Ángel Ibáñez, que su voluntad era votar en contra.

El resto de la oposición ha admitido que su abstención, en el caso de Podemos, o su voto a favor, el resto, ha sido un "parche para blanquear el error" de la Junta de Castilla y León a la que han acusado de no haber hecho las cosas bien tras 23 años sin legislar sobre la materia por lo que se han emplazado a la próxima legislatura para redactar una nueva ley de caza que, desde el diálogo y el consenso, de certidumbre "de una vez por todas" y permita ordenar y regular una actividad "importante" que genera más de 510 millones de euros, el 13 por ciento del PIB agroalimentario y unos 8.000 puestos de trabajo directos.

"Jamás pensé en un fin de la Legislatura cuestionando una actividad que el ser humano ha desarrollado desde sus orígenes, que está intrínsecamente ligada al mundo rural de Castilla y León y que es complementaria a la agricultura, a la ganadería y a la actividad la forestal", ha lamentado Cruz para quien cuestionar la caza supone cuestionar la riqueza y la supervivencia del medio rural.

Por su parte, el procurador socialista José Luis Aceves ha vuelto a apelar a la posición "responsable y de Comunidad" de su grupo para asegurar la actividad cinegética en Castilla y León tras los años de "promesas incumplidas" de la Junta que ha dejado como "paganos" al mundo rural y a la actividad cinegética que, según ha recordado, representa la tercera actividad deportiva en licencias del país, tras el fútbol y el baloncesto.

En el caso de Podemos, Félix Díez Romero ha justificado la abstención de la formación morada en el hecho de que la caza no puede estar suspendida "sine die" pero ha advertido de que sin una nueva norma clara, rigurosa y basada en estudios esta actividad volverá a estar en cuestión en los tribunales "y no en mucho tiempo".

En este sentido, ha admitido el "dilema" de Podemos entre apostar por una caza social y sostenible y "blanquear" con su voto los errores del Gobierno del PP al que ha acusado de falta de ideas y de haber dado palos de juego en los últimos 23 años para tratar de colgarse ahora una medalla ante el auge de un partido de extrema derecha, en referencia a Vox.

Finalmente, el procurador de Ciudadanos, José Ignacio Delgado Palacios, criticó a la Junta porque "no ha hecho bien las cosas cuanto tiene cuatro sentencias en contra". Además, apeló a la "defensa del mundo rural". Finalmente, dejó claro que se "debía legislar a favor de los habitantes de los pueblos y pidió a todos los demás grupos "ir juntos a favor de Castilla y León".