Se fuga uno de los cerebros de las 'multiestafas'

La Audiencia de Valladolid ha dictado orden de busca y captura contra Miguel Ángel Martín Delpón, después de que éste, uno de los cabecillas del 'caso de las multiestafas' traducido a finales del pasado año en la condena de un total de 59 personas, haya decidido fugarse para así eludir el cumplimiento de la pena de cinco años que pactó con la Fiscalía vallisoletana.

El auto dictado por el tribunal sentenciador, la Sección Segunda de lo Penal que preside Feliciano Trebolle, se produce trancurrido el plazo dado al reo para su ingreso voluntario en prisión sin dar éste señales de vida y ante la imposibilidad de localizarle en su domicilio, sito en Laguna de Duero, por lo que en la actualidad se encuentra en ignorado paradero, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Martín Delpón asumió la mayor de las condenas, cinco frente a los once años inicialmente solicitados, de entre las pactadas por los otros 57 encausados en el denominado 'caso de las multiestafas', el más multitudinario jamás celebrado en la capital que obligó al tribunal a trasladar también por vez primera su sala de vistas a la Feria de Valladolid.

Lo que parecía que iba a ser un maratoniano juicio quedó reducido el 24 de octubre de 2018 a una sola sesión al pactar 58 implicados--otros tres fueron absueltos el mismo día del juicio--penas que suman 70 años, frente a los 150 que pedía inicialmente la Fiscalía vallisoletana por delitos de pertenencia a grupo criminal, delitos continuados de falsedad en documento mercantil, en concurso medial con delitos continuados de estafa y fraude de prestaciones a la Seguridad Social, extorsión y receptación.

A ellos se sumó en noviembre el acuerdo también alcanzado por un ciudadano de origen marroquí, en este caso de seis meses de prisión, que no compareció en el juicio porque la citación no había llegado a su actual domicilio. Por tal motivo, el número de condenados en este proceso se eleva por el momento a 59.

Y es que otros tres presuntos implicados más en la trama continúan en busca y captura y ni siquiera han sido juzgados por estos hechos, entre ellos uno de los presuntos cabecillas, Julio J.J, que se expone a una condena de once años de cárcel.

La Policía Nacional de Valladolid culminó en octubre de 2013 la 'Operación Árbol' iniciada en abril que desembocaría con la detención de todos los procesados, hasta un total de 65, en lo que se entendió ya entonces como una organización dedicada a la comisión de fraudes a la Seguridad Social y otros delitos como estafa y blanqueo de capitales que se desarrollaban en Valladolid.

La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta por el responsable de una entidad financiera que dio como resultado la detención de dos personas, fruto del convenio de colaboración entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas de Seguridad del Estado en materia de lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular.

A partir de una gestoría

Prosiguiendo la investigación, el Grupo de Delincuencia Tecnológica, de la Comisaría Provincial de Valladolid, pudo determinar que existía un grupo organizado y que figuraban en lo alto del escalafón Julio J.J--fugado actualmente y con una condena de tres años pendiente por hechos similares--y el citado Miguel Ángel Martín Delpón, propietario de una céntrica gestoría de la capital vallisoletana, quien contaba con una 'Autorización RED' para efectuar altas en el sistema de la Seguridad Social.

Éste último, prevaliéndose de ello, materializaba las altas en múltiples sociedades y asociaciones controladas por el grupo organizado, que colocaba a personas interpuestas (drogadictos, personas marginales o de escasa formación y con necesidades económicas) al frente de su administración a cambio de pequeñas cantidades económicas.

Los falsos trabajadores eran facilitados por una serie de colaboradores que actuaban de forma coordinada con este gestor, quienes se llevaban también un porcentaje como comisión por sus servicios.

La creación de las empresas ficticias estaba orientada al fraude en su sentido más amplio: los "trabajadores" eran dados de baja los días estipulados legalmente para el cobro de prestaciones por desempleo.

La investigación policial descubrió que algunos de ellos, además, presentaban nóminas aportadas por la organización para realizar múltiples compras con financiación por establecimientos comerciales de toda la comunidad autónoma de Castilla y León.

Así, la organización adquirió diversos vehículos de alta gama (que eran revendidos en el extranjero), equipos informáticos, aparatos electrónicos y de telefonía de última generación entre otros efectos, presentando las nóminas confeccionadas, no pudiendo detectarse por parte de las entidades financieras el fraude hasta que los "compradores" no realizaban el pago de una sola de las cuotas.

La red crecía con el tiempo, a la vez que la organización cambiaba la administración de las mismas para evitar ser detectados. Se investigó más de una veintena sociedades, contabilizándose más de 170 "falsos trabajadores" implicados.

La deuda acumulada con la Seguridad Social de las sociedades se dijo entonces que superaba los 200.000 euros, a lo que se sumaban las cantidades correspondientes a las prestaciones por desempleo indebidamente cobradas por los trabajadores.