La defensa de los propietarios de la Funeraria El Salvador estudia recusar a la juez por animadversión

El letrado de Ignacio Morchón Alonso, el propietario del grupo de empresas funenarias El Salvador, investigado, junto a otras veinticuatro personas, entre familiares y trabajadores, en el marco de la 'Operacion Ignis' por el 'cambiazo' de ataúdes, estudia recursar a la juez instructora por posible animadversión hacia los encausados.

Así lo ha anunciado el abogado Guillermo Ruiz Blay al término de la declaración practicada este viernes a cuatro de los investigados en el Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid. De hecho, el letrado, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que ha solicitado la grabación urgente de las declaraciones para estudiar la petición de recusación de la juez por su "vision incriminatoria de los hechos y una enemistad manifiesta acreditable a través de las preguntas realizadas en diferentes interrogatorios desde el inicio del procedimiento".

El anuncio se produce pocas horas después del interrogatorio realizado a una hija del empresario, Rosario Morchón, y a tres de los trabajadores, quienes se han desmarcado de cualquier irregularidad en el proceso de incineración.

La investigada, al igual que otros tres trabajadores del grupo de empresas, Eladio G.M, Felicísimo A.G. y David M.G, ha comparecido este viernes en el Juzgado de Instrucción número 6 que investiga el presunto fraude cometido entre los años 1995 y 2015 y que afectaría, en principio a unas 6.000 cremaciones, en las que los ataúdes habrían sido sustituidos, antes de la incineración, por otros más baratos con el fin de reutilizarlos luego para otros sepelios.

En su declaración, Rosario Morchón, en la línea de defensa de los otros tres investigados, se ha limitado a responder a preguntas del fiscal, la juez instructora y su propia defensa, a quienes ha asegurado su desconocimiento de los presuntos hechos objeto de investigación porque realizaba tareas de facturación en la oficina sita en la calle Angustias, cerca del Edificio de los Juzgados, y ni siquiera subía al tanatorio ni al Parque El Salvador.

La declarante también ha alegado que no conocía al extrabajador Justo M, a quien el grupo empresarial acusa de extorsionar a los dueños para obtener una jubilación más sustanciosa y que en los últimos años se dedicó a recopilar pruebas, tanto gráficas como documentación, de la supuesta estafa.

Rosario, quien ha apuntado también que era apoderada pero sin poder, ha mantenido que su hermana Laura, igualmente investigada y excarcelada tras abonar una fianza hipotecaria de 200.000 euros, no tenía otras funciones en la empresa más que "reponer la máquina de tabaco de la oficina e ir al supermercado", y ello a pesar de que los otros tres investigados hayan reconocido que estaba en recepción y "hacía papeles", tal y como ha explicado, en declaraciones a Europa Press, Bárbara Rollo, letrada que representa a más de cuarenta presuntos damnificados.

La investigada ha declarado asimismo que se despidió a Sara, única testigo de la acusación, por acudir ebria en diversas ocasiones y que el papel de esta persona se limitaba a la recepción y la cafetería, por lo que no conocía el trabajo funerario.

Con respecto a los otros tres investigados, David M, conductor; Felicísimo A.G, vigilante, conductor y más tarde en recepción en el cementerio cuando se jubiló Justo M, y Eladio G.M, jardinero y enterrador, todos ellos no se explican cómo el ya jubilado les incrimina como partícipes en los 'cambiazos' de ataúdes, cuando, como así precisan, estaban trabajando en otro municipio o realizaban funciones distintas a las de incineración.

En cualquier caso, alegan que desconocían los hechos denunciados y han explicado que en el supuesto de haberse producido bien podría haberlo hecho en solitario el propio denunciante.

Se hacen el muerto en una prueba 

Tal es así que Eladio y David, tal y como explica la letrada Bárbara Rollo, aseguran que efectuaron una prueba para demostrar esta afirmación, de forma que el primero mantiene que hizo de muerto en el experimento, completado con éxito, para comprobar si una sola persona podía sacar el cadáver de un ataúd para meterlo en otro. Han confirmado que un cuerpo de 90 kilos puede manipularse por una sola persona y que el tiempo que se tarda no es más de cinco minutos.

Sin embargo, la letrada advierte de las contradicciones entre ambos investigados, ya que Eladio se ha arrogado el papel de cadáver y David ha indicado que fue otra persona la que hizo de muerto. Ante ello, la acusadora particular analiza sus declaraciones en clave de "legítimo ejercicio de defensa, aunque poco creíble".

En el lado opuesto, el letrado de los Morchón, Guillermo Ruiz Blay, en declaraciones recogidas por Europa Press, con carácter previo a las comparecencias, ha expresado su confianza en que los cuatro investigados sean sacados de la causa "cuanto antes", al tiempo que ha reiterado su petición de excarcelación del empresario Ignacio Morchón, el único que continúa desde finales de enero en prisión, sin fianza.

"Esperamos que tras estas declaraciones queden esclarecidos muchos de los puntos oscuros de la investigación policial y consigamos la liberación de Ignacio Morchón, que está sufriendo una prisión injusta desde hace meses", ha aseverado el abogado defensor, quien también está convencido de que las diligencias pondrán de manifiesto "bastantes contradicciones" en las manifestaciones de Justo M.

El letrado recuerda la presentación de un informe pericial en el que el perito destaca que el 40 por ciento de las fotografías están hechas en 2013 "y que no hay nada que ocultar y que se puede explicar todo", en referencia a que los ataúdes comercializados por el grupo El Salvador "nunca han tenido un precio, en general, superior a los 600 euros cuando se trataba de aseguradoras y de entre 800 y 1.200 euros cuando se trataba de personas privadas, con lo que esos precios de 6.000 ó 12.000 que se han dicho son puras invenciones y fantasías".

Por su parte, el abogado Juan Ignacio Hernández, del grupo Negotia, en representación de una plataforma de afectados, se mostraba ya excéptico sobre el resultado de las declaraciones de los cuatro investigados y confiaba que en próximas fechas, a medida que se produzcan más testificales e incluso se acuerde una posible ampliación de las investigaciones, "puedan aclararse algunos puntos aún oscuros".

Las próximas declaraciones, de otros cuatro investigados, están previstas para el día 17 de mayo.