Una dolencia cardiaca alegada por uno de los cinco encausados por la presunta estafa de cerca de medio millón de euros en mercancías, la mayoría en productos cárnicos y que tiene por víctimas a empresas radicadas en distintos puntos de España, ha obligado este lunes a la Audiencia de Valladolid a suspender el juicio inicialmente previsto hasta este miércoles.

El escrito presentado por el letrado del principal inculpado y presunto "cabecilla" de la organización, José A.N, en el que se alegan problemas de corazón de éste y su imposibilidad de acudir al juicio, ha llevado finalmente a la Sección Segunda de lo Penal a acordar la suspensión, aunque no atendiendo al fondo de la excusa, que considera no justificada, sino debido a lo elevado de la pena que se solicita para él y la imposibilidad de celebrar la vista en su ausencia, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Así, con el beneplácito del resto de las defensas y la oposición de la acusación pública y las dos particulares personadas en la causa, el tribunal ha optado por la suspensión del juicio, que se celebrará los días 21, 22 y 23 de octubre.

A los cinco acusados, a quienes se solicitan penas que globalmente suman 31 años de prisión, se les imputan un delito continuado de estafa y otro de pertenencia a grupo criminal por concertarse, supuestamente, para a través de la mercantil Dismarianga SLU, con sede en Valladolid, adquirir mercancías, en su mayoría de productos cárnicos y lácteos, sin abonar el importe de los pedidos.

Las acusaciones sostienen que si bien en un principios abonaban los pedidos iniciales, para así ganarse la confianza de sus víctimas, a posteriori realizaban pedidos mucho más cuantiosos y una vez recibida la mercancía simulaban el abono mediante pagarés los cuales, llegado su vencimiento, eran devueltos por los bancos por falta de fondos.

Mediante este procedimiento, a lo largo de 2011, los acusados realizaron numerosos pedidos de mercancía a empresas radicadas en distintos puntos de España, desde Valladolid, Lugo, Leganés, Madrid, Barcelona, Guijuelo (Salamanca), Girona, Badajoz y Segovia, de las que obtuvieron genero por importe global de 446.196 euros que no abonaron.

En el organigrama de la organización, a José A.N. los acusadores le confieren el papel de "cabecilla", tomando las decisiones de la empresa pese a no aparecer nunca frente a los proveedores ni firmar documento alguno, mientras que José Javier C.G. sería el principal apoyo del primero y quien, en un mismo nivel por su poder de decisión, actuaba ante las víctimas como comercial de la mercantil, contactando con ellos, realizando los pedidos y entregando los pagarés.

Un hijo del primero, Julián A.T. se dedicaba, presuntamente, a dar servicio y apoyo a los anteriores, mientras que Antonio Mariano G.H. y Diego L.G. figuraban frente a terceros como administradores y dueños de la mercantil.

En cuanto a las peticiones de pena, la mayor, un total de siete años, es la solicitada para José A.N--se le aplica la agravante de reincidencia--, seguida de los seis años y medio pedidos para José Javier C. y Julián A.T. y los cinco y medio a los que se exponen Antonio Mariano G.H. y Diego L.G, junto con el pago, en todos los casos, de multas por importe de 3.600 euros.

Además, las acusaciones solicitan que los cinco, y de forma solidaria Dismarianga SLU, abonen a los perjudicados un conjunto de indemnizaciones próximos al medio millón de euros.