Suspendido el juicio por estafa por problemas de corazón de un acusado

Una dolencia cardiaca alegada por uno de los cinco encausados por la presunta estafa de cerca de medio millón de euros en mercancías, la mayoría en productos cárnicos y que tiene por víctimas a empresas radicadas en distintos puntos de España, ha obligado este lunes a la Audiencia de Valladolid a suspender el juicio inicialmente previsto hasta este miércoles.

El escrito presentado por el letrado del principal inculpado y presunto "cabecilla" de la organización, José A.N, en el que se alegan problemas de corazón de éste y su imposibilidad de acudir al juicio, ha llevado finalmente a la Sección Segunda de lo Penal a acordar la suspensión, aunque no atendiendo al fondo de la excusa, que considera no justificada, sino debido a lo elevado de la pena que se solicita para él y la imposibilidad de celebrar la vista en su ausencia, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Así, con el beneplácito del resto de las defensas y la oposición de la acusación pública y las dos particulares personadas en la causa, el tribunal ha optado por la suspensión del juicio, que se celebrará los días 21, 22 y 23 de octubre.

A los cinco acusados, a quienes se solicitan penas que globalmente suman 31 años de prisión, se les imputan un delito continuado de estafa y otro de pertenencia a grupo criminal por concertarse, supuestamente, para a través de la mercantil Dismarianga SLU, con sede en Valladolid, adquirir mercancías, en su mayoría de productos cárnicos y lácteos, sin abonar el importe de los pedidos.

Las acusaciones sostienen que si bien en un principios abonaban los pedidos iniciales, para así ganarse la confianza de sus víctimas, a posteriori realizaban pedidos mucho más cuantiosos y una vez recibida la mercancía simulaban el abono mediante pagarés los cuales, llegado su vencimiento, eran devueltos por los bancos por falta de fondos.

Mediante este procedimiento, a lo largo de 2011, los acusados realizaron numerosos pedidos de mercancía a empresas radicadas en distintos puntos de España, desde Valladolid, Lugo, Leganés, Madrid, Barcelona, Guijuelo (Salamanca), Girona, Badajoz y Segovia, de las que obtuvieron genero por importe global de 446.196 euros que no abonaron.

En el organigrama de la organización, a José A.N. los acusadores le confieren el papel de "cabecilla", tomando las decisiones de la empresa pese a no aparecer nunca frente a los proveedores ni firmar documento alguno, mientras que José Javier C.G. sería el principal apoyo del primero y quien, en un mismo nivel por su poder de decisión, actuaba ante las víctimas como comercial de la mercantil, contactando con ellos, realizando los pedidos y entregando los pagarés.

Un hijo del primero, Julián A.T. se dedicaba, presuntamente, a dar servicio y apoyo a los anteriores, mientras que Antonio Mariano G.H. y Diego L.G. figuraban frente a terceros como administradores y dueños de la mercantil.

En cuanto a las peticiones de pena, la mayor, un total de siete años, es la solicitada para José A.N--se le aplica la agravante de reincidencia--, seguida de los seis años y medio pedidos para José Javier C. y Julián A.T. y los cinco y medio a los que se exponen Antonio Mariano G.H. y Diego L.G, junto con el pago, en todos los casos, de multas por importe de 3.600 euros.

Además, las acusaciones solicitan que los cinco, y de forma solidaria Dismarianga SLU, abonen a los perjudicados un conjunto de indemnizaciones próximos al medio millón de euros.