El alcalde accidental y concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, ha insistido en la "necesidad" de buscar un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Diputación para evitar la vía judicial sobre la liquidación del Plan Parcial Villa del Prado.
Saravia ha recordado, a través de un comunicado remitido a Europa Press, que el origen del problema arranca en julio de 2000, cuando se firmó un convenio entre Diputación y Ayuntamiento para desarrollar el sector Villa de Prado.
Así, en los primeros años, apunta, se llevó a cabo la ejecución de la urbanización de esa zona "sin conflicto". "Pero las desavenencias ya estaban planteadas al concluir el último mandato de León de la Riva. Un conflicto heredado, tanto por la corporación municipal (en 2015) como por la nueva corporación provincial constituida hace dos meses", han matizado.
Saravia señala que se plantean diferencias por la valoración de las parcelas aportadas por la Diputación, en virtud del convenio y discrepancias también en cuanto a las bases legales del sistema de cooperación y otras previsiones del convenio de 2000. Unas desavenencias que implican un conjunto "muy amplio de debates jurídicos y técnicos muy especializados".
"La Diputación hace reproches al Ayuntamiento por la aprobación de una liquidación favorable al mismo en 4,7 millones. Una liquidación que ha llevado al contencioso, argumentando que es el Ayuntamiento quien debe a la Diputación 5,8 millones", según resume Manuel Saravia, quien entiende que los argumentos a la institución provincial avalan, precisamente, la "conveniencia" de un pacto.
"El portavoz de la Diputación, Agapito Hernández, dice que no se puede llegar a un acuerdo que contradiga los informes de sus técnicos, porque sería actuar en perjuicio de la Corporación provincial. Pero de la misma forma tampoco se podría llegar a un acuerdo en contra de los informes técnicos municipales. Pero en eso consisten los acuerdos. En pensar que se tiene razón, pero se cede y se busca la conformidad con la otra parte", explica el concejal.
El procedimiento judicial, a pesar de que está listo para que probablemente en septiembre se dicte sentencia, no se declara "concluso", con lo que permite la conciliación o "acuerdo que ponga fin a la controversia". Tal conciliación podría darse "en cualquier momento anterior al día en que el pleito haya sido declarado concluso para sentencia", continúa.
Propuesta
La propuesta que el Ayuntamiento ha presentado a la Diputación consistía en suscribir un acuerdo por el que ambas partes renunciasen a reclamar cantidad alguna a la otra administración, entendiendo que el mismo pacto supondría una ventaja para ambas administraciones, y el posible perjuicio de una redundaría en beneficio de la otra.
De manera que se trataría de una solución que no sería "manifiestamente contraria" al ordenamiento jurídico "ni lesiva" del interés público o de terceros, como exige la misma ley antes citada para admitir la desaparición pactada de la controversia.
Además, el concejal de Urbanismo estima que hay más argumentos favorables al Consistorio. "Hay que indicar que la propia Diputación, que en sus escritos al juzgado califica al Ayuntamiento con expresiones desdeñosas (habla de "dejadez municipal", dice que utiliza "argumentos engañosos"), está incumpliendo la obligación de vender sus suelos con el destino de viviendas protegidas, y no libres, como lo está haciendo; como se pone de manifiesto en el Escrito de Conclusiones presentado por el letrado del Ayuntamiento el pasado 2 de julio", concluyen.