Dos de los miembros del equipo de técnicos del Ayuntamiento de Valladolid que trabajó en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2003 han declarado en el juicio en marcha por este proceso que a partir de la llegada del encausado José Antonio García de Coca a la Concejalía de Urbanismo se les dejó de "tener en cuenta" e incluso a "apartar de forma sútil" de los trabajos.

Este jueves se ha celebrado la segunda sesión del juicio por el denominado 'caso PGOU', en el que García de Coca y otros tres integrantes de la entonces cúpula de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valladolid, el arquitecto Luis Álvarez Aller; el exjefe del área, Modesto Mezquita, y el exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, por supuesta alteración fraudulenta el PGOU con el fin de favorecer a un grupo de promotores urbanísticos.

Hoy estaban citados cuatro de los miembros del equipo interno del Área de Urbanismo que participó en estos trabajos, de los cuales tres han declarado por la mañana --el exjefe de Servicio Ricardo Núñez Sendino y los arquitectos Irene Serrano y Jesús Ángel Valverde--, mientras que el cuarto de los testigos ha sido citado por la tarde.

El equipo trabajó en la redacción del Plan hasta su aprobación provisional, que se produjo antes de las elecciones municipales de mayo de 2003, y durante el verano de ese año para completar los trámites que requería la Junta de Castilla y León para la aprobación definitiva y su último trabajo en esta fase fue la entrega de un texto refundido a la Dirección de Área el 9 de octubre de 2003.

Sin embargo, a lo largo de este proceso, como ha apuntado el técnico Jesús Ángel Valverde, hubo cambios en la manera de trabajar. "A partir de septiembre de 2003 se nos dejó de tener en cuenta, se nos marginó, no recibíamos indicaciones y decidimos terminar el trabajo con la información que teníamos", ha precisado el testigo, que ha añadido que, hasta junio de 2003, cuando concluyó el mandato del anterior concejal de Urbanismo, Federico Sumillera, "era habitual que hubiera indicaciones" por parte de la Concejalía, algo que dejó de suceder con la llegada al cargo de José Antonio García de Coca.

Tanto Valverde como Irene Serrano y el entonces jefe de Servicio Ricardo Núñez han destacado que a partir de julio no recuerdan participar en reuniones con el concejal ni con el director de Área. La arquitecto no ha querido decir que se les apartara directamente de las gestiones, sino que era "más sutil". "Directamente no te llaman, no te encargan nada", ha expresado.

Por eso, el equipo terminó el documento refundido con las correcciones que había planteado la Junta de Castilla y León para conceder la aprobación definitiva y que, en la gran mayoría de los casos correspondían a "correcciones de errores y de estilo" y en ningún caso recuerda que su documento refundido aplicara modificaciones en los artículos que presuntamente fueron manipulados irregularmente.

Según Serrano, el texto llegó el 9 de octubre de 2003, sin los cambios que hoy se juzgan, a la Dirección de Área, de la que era titular el encausado Modesto Mezquita, si bien la arquitecto ha reconocido que desconoce quién pudo efectuar las modificaciones posteriores. Ese documento iba firmado por los cuatro testigos citados hoy, si bien Ricardo Núñez ya no formaba parte del mismo en esa fecha pues había cesado en el cargo de jefe de Servicio de Planeamiento a finales de septiembre, si bien quiso firmar porque había participado en los trabajos aunque fuera "de manera testimonial".

La arquitecto ha querido explicar, con una comparación con el equipo de Gobierno actual, cómo se trabajaba durante el mandato de García de Coca. "No era el funcionamiento normal, en la administración se trabaja bajo unos parámetros, haces tu trabajo, lo entregas, sabes los trámites y defiendes el documento en la Junta o en la comisión informativo, pero en los años de García de Coca no era la tónica, nos encargaban cosas menores y teníamos relación con el jefe de Servicio", ha detallado.

En cambio ahora, ha explicado, en el trabajo que se lleva a cabo para la modificación del PGOU aprobada inicialmente el pasado mes de mayo, los técnicos han trabajado de esa manera, explicando el plan en comisiones e incluso en reuniones con las asociaciones vecinales.

El abogado de la acusación ha incidido ante los tres testigos en indagar sobre si en el trámite de alegaciones del PGOU, durante el verano de 2003, se habían solicitado los cambios que posteriormente se introdujeron de manera presuntamente irregular.

Dos de los testigos, Núñez Sendino e Irene Serrano, han apuntado que en alguno de los casos sí que se recibieron alegaciones, que fueron denegadas, relativas a la parcela de la avenida de Madrid km. 185, y para que el inmueble de la Harinera la Perla se pudiera dedicar a uso hotelero.

Asimismo, Jesús Ángel Valverde ha apuntado que la alegación sobre la avenida de Madrid no se refería al tamaño de la parcela mínima, pero ha afirmado que, posteriormente y ya aprobado el PGOU, en la tramitación de dicha parcela de la avenida de Madrid fue apartado de la gestión y se percató de que la "etiqueta" que establecía una parcela mínima de 2.000 metros cuadrados "había desaparecido".

Fraile volvió a ser contratado en julio de 2003 

Los testigos se han pronunciado también sobre el papel de otras personas aparentemente implicadas en el proceso, como el arquitecto fallecido Carlos Cándido Fraile, que como ha explicado Serrano estuvo primero contratado como interino, después "se fue a la calle" pero volvió al Área de Urbanismo con un contrato de "asistencia técnica", que debería haber tenido "supervisión", en julio de 2003 y le consta que trabajó al menos hasta agosto.

En cuanto al encausado Modesto Mezquita, tanto Irene Serrano como Jesús Ángel Valverde, han apuntado que representantes de la empresa externa de consultoría Inzamac, que había mantenido un contacto frecuente con el equipo, a partir de julio de 2003 pasó a tratar las gestiones "directamente" con el director del Área.

Cerezo "no intervino prácticamente en nada" 

Sobre el exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, su predecesor en el cargo, Ricardo Núñez, ha afirmado que "no intervino prácticamente en nada" en el proceso en la época en la que él era jefe de Servicio, pese a que el ahora encausado era subdirector del Servicio. Solo trabajaba en cuestiones de gestión.

Núñez ha querido precisar que él trabajaba en el Plan General no como jefe de Servicio, sino como coordinador del equipo interno, pero pese a ello no acudió a la Comisión de la Junta de Castilla y León para defender la aprobación provisional.

El juicio, en principio, está previsto que se prolongue hasta el próximo día 31 de octubre. Fiscalía vallisoletana solicita las penas más elevadas, cuatro años de prisión, para José Antonio García de Coca, Luis Álvarez Aller y Modesto Mezquita, junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros e inhabilitaciones en el primer caso para 43 años para el puesto de edil y para los otros dos de 27 para puestos relacionados con su actividad profesional.

A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y uno sobre el patrimonio, mientras que a Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años y 19 de inhabilitación, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación.

Por su parte, la acusación popular ejercida por la Federación Vecinal 'Antonio Machado', pide las penas más elevadas para García de Coca, en concreto seis años de cárcel, y los también integrantes de la cúpula de Urbanismo en aquella época, Modesto Mezquita y Álvarez Aller, para quienes interesa condenas de cuatro años. No pide pena para José Luis Cerezo Bada.