Una arquitecto municipal advirtió en tres informes de que había discordancias entre el texto y los planos del PGOU

Una arquitecto municipal que trabajaba en el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid ha asegurado que entre 2003 y 2007 elaboró tres informes en los que advertía de discordancias en la parcela del APE de Cáritas entre el texto del Plan General de Ordenación Urbana y el plano que presuntamente fue modificado de manera irregular.

La funcionaria ha sido una de los cinco testigos que han comparecido este viernes en la tercera sesión del juicio por el denominado 'caso PGOU', en el que García de Coca y otros tres integrantes de la entonces cúpula de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valladolid, el arquitecto Luis Álvarez Aller; el exjefe del área, Modesto Mezquita, y el exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, por supuesta alteración fraudulenta el PGOU con el fin de favorecer a un grupo de promotores urbanísticos.

La arquitecto ha explicado que en los años 2003, 2005 y 2007 elaboró varios informes técnicos sobre la parcela del APE de Cáritas, en la calle José María Lacort de Valladolid, en la que construyó un aparcamiento subterráneo y en la que ella advirtió de discordancias entre lo que recogía el texto del PGOU de 2003 y los planos que acompañan a esta normativa.

Así, ha apuntado, en el texto normativo este área figuraba como "suelo urbano no consolidado" mientras que en el plano constaba como "suelo urbano consolidado". Ella lo advirtió en tres ocasiones, y en el tercero de los informes incluso destacó en negrita la falta de concordancia, si bien también añadía que se estaba trabajando para subsanar esos errores.

La trabajadora municipal ha precisado que llegó a la conclusión de que ese suelo debía ser urbano consolidado, aunque en el informe no tenía que pronunciarse sobre ello, pero sí que ha subrayado que con el cambio de normativa que establecía la diferencia entre consolidado o no consolidado los matices "no están muy claros".

En todo caso, la técnico ha apuntado que ella siempre realizó los informes bajo su propio criterio sin que alguno de los responsables superiores, como el encausado exdirector de Área, Modesto Mezquita, le dijeron lo que tenía que hacer.

Cabe recordar que en el año 2010 la sala Contencioso-Administrativa de Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declaró "nulo de pleno derecho" el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Valladolid que aprobó definitivamente el estudio de detalle de la calle José María Lacort, aunque el aparcamiento subterráneo ya estaba construido.

Anteriormente, el primer testigo de la jornada ha sido uno de los arquitectos de la empresa Inzamac, hoy Cotesa, que ha explicado que esta consultora externa trabajó en la elaboración del PGOU en tareas de "delineación" y documentación gráfica, sobre todo hasta la aprobación provisional de marzo de 2003 y a partir de finales de julio y hasta finales de año para las subsanaciones. No tuvieron ninguna participación, ha recalcado, en aspecto normativo ni en respuesta de alegaciones.

En todo caso, el arquitecto ha recalcado que "todos los cambios se hicieron por indicación del Ayuntamiento" y que la relación con las personas del equipo redactor fue fluida, tanto con reuniones en el Ayuntamiento como con correos electrónicos y llamadas telefónicas.

La fiscal le ha preguntado precisamente por dos de esas llamadas, en las que el testigo ha confirmado que, en primer lugar, el arquitecto fallecido Carlos Cándido Fraile le solicitó que suprimiera la referencia a la superficie máxima de 2.000 metros cuadrados por vivienda en la parcela de la avenida de Madrid kilómetro 185, mientras que en otra conversación, el encausado Luis Álvarez Aller le pidió en noviembre de 2003 que introdujera en el plano del APE de Cáritas la consideración como suelo urbano consolidado, en lugar de no consolidado.

La fiscal le ha preguntado por Álvarez Aller, de quien ha asegurado que cree que no coincidió con él en reuniones en el Ayuntamiento, pero cuando recibió su llamada "no era desconocido" para él porque había intervenido más a partir del verano de 2003 en las tareas y ya habían tenido conversaciones sobre asuntos "instrumentales" del PGOU como plazos o entrega de documentos, aunque sobre esa parcela. Así, ha confirmado que siguieron ambas indicaciones sobre Cáritas y la avenida de Madrid.

El arquitecto ha apuntado, a preguntas de la acusación particular, que tenía "la idea" de que en el verano de 2003 se cambió el "sistema de interlocución" con el Ayuntamiento, pero desconoce si el mismo consistía en tratar los asuntos directamente con Modesto Mezquita.

Por otra parte, ha señalado que no coincidió con el encausado exconcejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca, en las reuniones a las que acudió en el Ayuntamiento.

El testigo ha precisado que esa época en la que se trataba de atender las subsanaciones que reclamaba la Junta la relación con el equipo del Ayuntamiento fue "bastante fluida y abierta" y ha reconocido que era un proceso "muy acelerado" porque había que cumplir el plazo que había dado la Administración regional.

Ángel Marinero 

También ha comparecido el actual secretario general de la Consejería de Fomento de la Junta, Ángel Marinero, que en el momento de la aprobación del PGOU era director de Área de Urbanismo.

El directivo ha explicado que en aunque inicialmente en la ponencia técnica de Urbanismo se planteó la suspensión de la aprobación por parte de la Junta, tras una reunión del Consejo Regional de Urbanismo en la que compareció García de Coca se optó por dar un plazo de subsanación para aprobar el PGOU definitivamente.

No obstante, ha reconocido que el día 14 de agosto de 2003 realizó un borrador de una orden en la que se suspendía la aprobación definitiva, pero finalmente el día 18, cuando él estaba de vacaciones, se aprobó un texto de la Consejería que sí que aprobaba el plan pero con la condición de presentar un "documento único" con las subsanaciones.

Tanto la fiscal como el abogado de la acusación han incidido en preguntar por las comprobaciones que se hicieron en la Dirección general de Vivienda y Urbanismo sobre la documentación aportada por el Ayuntamiento, algo que figuraba como una condición para la aprobación. Ángel Marinero ha asegurado que por su parte solo se hizo "comprobación de la documentación porque el texto había sido aprobado por el consejero en el mes de agosto" y entiende que se hizo en otro departamento.

Los otros dos testigos de la jornada, técnicos de la Consejería, tampoco han precisado en qué manera se pudo comprobar la documentación. Uno de ellos, que trabajaba en aspectos jurídicos, señaló que él simplemente comprobó que estaban completados todos los trámites y no entró en profundidad en el texto porque no era "urbanista".

En el juicio, la Fiscalía solicita las penas más elevadas, cuatro años de prisión, para José Antonio García de Coca, Luis Álvarez Aller y Modesto Mezquita, junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros e inhabilitaciones en el primer caso para 43 años para el puesto de edil y para los otros dos de 27 para puestos relacionados con su actividad profesional.

A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y uno sobre el patrimonio, mientras que a Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años y 19 de inhabilitación, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación.

Por su parte, la acusación popular ejercida por la Federación Vecinal 'Antonio Machado', pide las penas más elevadas para García de Coca, en concreto seis años de cárcel, y los también integrantes de la cúpula de Urbanismo en aquella época, Modesto Mezquita y Álvarez Aller, para quienes interesa condenas de cuatro años. No pide pena para José Luis Cerezo Bada.