La estafa de los jamones llega a los juzgados

La Audiencia de Valladolid juzga desde este lunes a los cinco presuntos implicados en una estafa por importe de cerca de medio millón de euros en productos cárnicos. Cuatro de ellos habían permanecido en situación de búsqueda por no haber comparecido a juicio en octubre del pasado año, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Si en junio del pasado año el juicio en la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid hubo de suspenderse tras alegar un padecimiento cardiaco uno de los acusados y presunto "cabecilla" de la organización, José A.N, en octubre el proceso tuvo que ser nuevamente suspendido por la incomparecencia de cuatro de ellos sin causa justifica. Tan sólo acudió a la vista un quinto acusado, José Javier C.G.

Por tal motivo, el tribunal encargado del proceso dictó cuatro requisitorias en las que interesaba la búsqueda, detención e ingreso en prisión para la puesta a disposición judicial de los cuatro no comparecientes, José A.N, Antonio Mariano G.H, Diego L.G. y Julián A.T.

A los cinco acusados, a quienes se solicitan penas que globalmente suman 31 años de prisión, se les imputan un delito continuado de estafa y otro de pertenencia a grupo criminal por concertarse, supuestamente, para a través de la mercantil Dismarianga SLU, con sede en Valladolid, adquirir mercancías, en su mayoría de productos cárnicos y lácteos, sin abonar el importe de los pedidos.

Las acusaciones sostienen que si bien en un principios abonaban los pedidos iniciales, para así ganarse la confianza de sus víctimas, a posteriori realizaban pedidos mucho más cuantiosos y una vez recibida la mercancía simulaban el abono mediante pagarés los cuales, llegado su vencimiento, eran devueltos por los bancos por falta de fondos.

Mediante este procedimiento, a lo largo de 2011, los acusados realizaron numerosos pedidos de mercancía a empresas radicadas en distintos puntos de España, desde Valladolid, Lugo, Leganés, Madrid, Barcelona, Guijuelo (Salamanca), Girona, Badajoz y Segovia, de las que obtuvieron genero por importe global de 446.196 euros que no abonaron.

En el organigrama de la organización, a José A.N. los acusadores le confieren el papel de "cabecilla", tomando las decisiones de la empresa pese a no aparecer nunca frente a los proveedores ni firmar documento alguno, mientras que José Javier C.G. sería el principal apoyo del primero y quien, en un mismo nivel por su poder de decisión, actuaba ante las víctimas como comercial de la mercantil, contactando con ellos, realizando los pedidos y entregando los pagarés.

Un hijo del primero, Julián A.T. se dedicaba, presuntamente, a dar servicio y apoyo a los anteriores, mientras que Antonio Mariano G.H. y Diego L.G. figuraban frente a terceros como administradores y dueños de la mercantil.

En cuanto a las peticiones de pena, la mayor, un total de siete años, es la solicitada para José A.N--se le aplica la agravante de reincidencia--, seguida de los seis años y medio pedidos para José Javier C. y Julián A.T. y los cinco y medio a los que se exponen Antonio Mariano G.H. y Diego L.G, junto con el pago, en todos los casos, de multas por importe de 3.600 euros.

Además, las acusaciones solicitan que los cinco, y de forma solidaria Dismarianga SLU, abonen a los perjudicados un conjunto de indemnizaciones próximos al medio millón de euros.