La referida prueba practicada en el Juzgado de Instrucción 6, encargado del caso, tiene por objeto cotejar la letra de Justo M. con la que aparece en los veintiséis cuadernos de su propiedad--incluye apuntes y fotografías--en los que hizo constar a lo largo de dos décadas los presuntos desmanes del grupo funerario, como el 'cambiazo' de ataúdes caros por otros mucho más baratos antes del proceso crematorio.

Será ahora una perito designada por la defensa de los Morchón la encargada de cotejar la letra de los cuadernos con el cuerpo de escritura realizado este miércoles por Justo M. Para ello, la experta cuenta en su poder con la mitad de la documentación que por motivos de seguridad habrá de entregar en sede judicial una vez analizada, antes de recibir el resto de los cuadernos con los que completará su informe pericial.

"Se trata de una prueba que habíamos pedido a la juez en mayo de 2019", ha explicado a Europa Press Guillermo Ruiz Blay, letrado de la familia Morchón, quien se muestra convencido de que el informe demostrará que la documentación aportada por Justo M. no se elaboró a lo largo de veinte años sino en un tiempo mucho más reducido y con el fin de "extorsionar" a los propietarios del grupo empresarial.

Prueba con intención "delictiva" 

"Es una prueba que no se puede tener en cuenta por que se ha construido con una intención claramente delictiva", ha sentenciado el defensor de los Morchón.

El Juzgado de Instrucción 6 investiga desde finales de enero de 2019, entre otras presuntas irregularidades, la supuesta sustitución de féretros por otros de mucho menor precio antes del proceso de incineración por parte de un total de veinticinco personas, entre miembros de la familia Morchón, propietaria del negocio funerario, y empleados del grupo. El periodo analizado comprende entre 1995 y 2015 y habría cerca de 6.000 afectados.

El propietario del negocio, Ignacio Morchón Alonso, de 75 años, salió en libertad provisional en junio del pasado año tras permanecer preso desde el día 2 de febrero y una vez garantizada fianza hipotecaria de 800.000 euros, mientras que sus hijos, que también llegaron a permanecer presos, recuperaron igualmente con anterioridad la libertad una vez abonadas fianzas hipotecarias por valor de otros 800.000 y 200.000 euros, respectivamente.

En marzo del pasado año la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León respaldó la declaración del caso como causa compleja por corrupción, atendiendo a la clase de delitos por los que se sigue, en particular, delito fiscal y/o blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, así como por la pluralidad de personas investigadas, la existencia de organización criminal, el elevadísimo número de perjudicados, la relevancia económica de las conductas investigadas y la especial complejidad de la instrucción, al tiempo que informó favorablemente la petición de apoyo de la instructor en cuanto a refuerzo de personal.