Aquavall aprueba un fondo social con medidas que suavicen los efectos del coronavirus

La presidenta de Aquavall, María Sánchez, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en los Estatutos de la Entidad, ha aprobado esta ayuda con una aportación inicial de 120.000 euros.

Desde el inicio de la entidad pública, se entendió la responsabilidad social como fundamental para la colaboración de Aquavall en el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) marcarnos este objetivo debe de ser algo más que un propósito, un deber.  Por ello, y más en el momento actual, es preciso contribuir a con la adopción de medidas a favor de las familias y empresas especialmente vulnerables con motivo de esta crisis, sumándose a las aprobadas, entre otros, en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, así como las que está acordando en varios ámbitos el Ayuntamiento de Valladolid.

De esta manera, los usuarios del servicio de agua que proporciona la Entidad Pública Empresarial Agua de Valladolid que no puedan hacer frente a las facturas por dicho suministro podrán, una vez que reciban el documento del requerimiento de la deuda pendiente de pago, solicitar la correspondiente ayuda que, en el caso de familias se aplicará sobre las cuotas fijas y variables del agua y saneamiento hasta un máximo de 10m3 por miembro de la unidad de convivencia y factura.

En el caso de PYMES y autónomos se ha establecido un límite diferenciando: en el caso de hostelería, peluquerías y algunos otros negocios cuya base en materia prima es el agua, la bonificación alcanzará a 100 m3 por factura. En el caso de cualquier otra actividad, un máximo de 50 m3.

Con los recibos que remitirá Aquavall a la ciudadanía a partir del mes que viene, se dará información sobre la forma de solicitar la ayuda y documentación a aportar para obtenerla.

La ayuda se aplicará inicialmente a un máximo de cuatro facturas trimestrales, y se tramitará conforme a un procedimiento, en el que además del volante de empadronamiento, se recabarán los informes de los servicios sociales municipales, de la Agencia Tributaria y de Seguridad Social para acreditar la idoneidad de la medida.

Con esta medida se espera llegar a 1000 familias y 540 PYMES y autónomos, sin descartar que en el caso de que la situación de provocada por el COVID-19 se prolongue, la aportación económica se vea incrementada.