La Diputación de Valladolid acelera el pago de facturas a las Pymes y autónomos

La Diputación de Valladolid no ha querido que las circunstancias económicas provocadas por el confinamiento sean aún más gravosas de lo inevitable, y desde el comienzo del Estado de Alarma ha iniciado una campaña de pagos acelerados a las PYMES, entre las que se encuentran muchas empresas de construcción, y a los autónomos de la provincia, dos de los sectores más perjudicados por la situación.

Aunque el plazo de los pagos realizados por la institución se situaba a fecha 31 de diciembre en un buen promedio de 16,15 días, el Servicio de Tesorería de la Diputación ha acortado aún más este tiempo de espera, lo que demuestra el esfuerzo realizado tanto por el equipo de gobierno de la institución como por los funcionarios en un periodo excepcional derivado del estado de alarma. Todo ello con el objetivo de que las empresas y empresarios de la provincia puedan disponer de una mayor liquidez que alivie en lo posible la situación de estrangulamiento económico que les ha creado la crisis sanitaria que vive el país.

 Así, la Diputación de Valladolid ha agilizado el pago a proveedores para mitigar las consecuencias económicas del estado de alarma. En este sentido, la Tesorería Provincial ha realizado el abono de cerca de 350 facturas por valor de más de 2,5 millones de euros, correspondientes en su mayoría a pequeñas empresas y autónomos.

Entre estas empresas abundan las del sector de la construcción, uno de los más castigados por esta crisis.  Por esta razón, la Diputación de Valladolid ha acelerado también el pago a las PYMES de la provincia que entran en el grupo de empresas dedicadas a las obras y edificaciones.

Por otra parte, la Diputación ha seguido tramitando todas las órdenes de pago que han llegado a la Tesorería provincial desde que se decretó el Estado de Alarma y así se han llegado a pagar más de 12 millones de euros en este periodo. En esta cantidad se incluyen también, aparte de los referidos pagos a proveedores y contratistas, las ayudas en estado de necesidad, los gastos de personal, los pagos de subvenciones, las retenciones y los seguros sociales.