El 51,2 por ciento de las empresas de Valladolid augura que el número de sus empleados se reducirá por efecto de la pandemia de COVID-19, principalmente en comercio, formación, hostelería y turismo, mientras que más del 80 por ciento rechaza las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la misma, según se desprende de una encuesta realizada en los últimos días por la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE) a 1.314 empresas de la provincia.

De las empresas encuestadas --el 77 por ciento de ellas pymes con menos de diez trabajadores--, un 77,85 corresponde al sector servicios, un 15,86 al secundario y un 6,28 al primario. Entre ellas, un 52,4 por ciento no ha podido continuar con su actividad en esta crisis sanitaria, mientras que entre las que sí, un 53 por ciento reconoce una nula facturación y, entre el resto, un 79 ha visto caer su facturación por debajo del 50 por ciento y sólo un 15 factura algo más de la mitad que lo que facturaba antes.

Así lo ha explicado la presidenta de la CVE, Ángela de Miguel, en una rueda de prensa virtual para presentar este estudio en la que ha subrayado el impacto "dramático" de la crisis y el "enorme riesgo" que se ciñe sobre la economía "si no se toman medidas para la reactivación".

Por sectores, entre las dedicadas a actividades técnicas o informática mantiene su actividad el 85 por ciento, mientras que el cien por cien de las autoescuelas se encuentran cerradas. El 79 por ciento del comercio ha visto interrumpida su actividad, al igual que el 95,80 por ciento de la hostelería y el 90,91 en el caso del turismo. En el lado contrario, oficinas y despachos, agricultura y agroalimentación superan el 80 por ciento de actividad, de acuerdo con la encuesta.

Por lo que se refiere a la facturación por sectores, un 46 por ciento de los establecimientos del comercio la han visto caer hasta en un 25 por ciento, mientras que en el caso de la construcción, la industria de la madera y la del metal, también más de un 40 por ciento de las empresas han sufrido un descenso similar de la facturación.

Ante esta pérdida de actividad y facturación --ya sea por la obligación legal de cierre, la disminución de pedidos o la falta de suministros-- la mayoría de las empresas ha solicitado financiación para poder hacer frente a los gastos y se han acogido a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor, al tiempo que han implementado medidas de protección para los trabajadores y el fomento del teletrabajo.

EPI

Ángela de Miguel ha reconocido que la escasez de equipos de protección individual (EPI) dificulta la vuelta a la normalidad de las empresas y ha recordado que muchas se desprendieron de ellos ante la petición de ayuda de la Junta de Castilla y León al inicio de la crisis.

Tras ello, un 60 por ciento de las empresas consultadas no ha podido acceder a nuevos EPI y sólo el cuatro por ciento ha tenido acceso a los equipos facilitados posteriormente por la Administración. En este sentido, De Miguel ha criticado que muchas de las compras de material realizado por las empresas ha sido requisado por el Estado, por lo que ha pedido que se permitan las compras privadas para que estas empresas puedan prevenir nuevos contagios en su seno.

De los ERTE solicitados por fuerza mayor, un 30 por ciento no ha recibido respuesta, por lo que se ha resuelto a favor por silencio administrativo con el riesgo de que sea revisado y rechazado a posteriori.

Del 70 por ciento que sí ha recibido respuesta, ésta ha sido positiva en un 89 por ciento de los casos, mientras que del once por ciento rechazado, un 60 ha pasado a solicitar un ERTE por causas objetivas, la mayor parte pertenecientes a los sectores de autoescuelas, formación, comercio y hostelería.

La ausencia de respuesta se ha dado más en agricultura, formación, madera o atención sociosanitaria y la respuesta negativa ha sido más frecuente en agroalimentación, madera, metal, oficinas y despachos, transporte y logística.

En cuanto a las solicitudes por fuerza mayor denegadas, se ha optado por pedir a continuación el de causas objetivas en el cien por cien de los casos en actividades técnicas o informáticas, atención sociosanitaria y logística, mientras que en agroalimentación se ha optado por esta alternativa en el 75 por ciento de los casos y en el sector de la formación no se ha solicitado tras la denegación de la primera fórmula.

Un 41,8 por ciento de las empresas ha buscado financiación para afrontar la crisis a través de las líneas ICO, a pesar de lo cual los empresarios advierten de que "no están diseñadas de manera ágil para las pymes" y las entidades financieras "no lo están ofreciendo", a lo que suma la "incertidumbre" acerca de la posibilidad de devolverlas. En concreto, un 40 por ciento de los participantes en el estudio opina que es "muy difícil" solicitar estas ayudas.

Entre las críticas hacia estas líneas están los cambios en las condiciones durante la tramitación, retrasos injustificados en el ingreso, petición nueva documentación una vez concedida o solicitud de contratación de nuevos productos por parte de las entidades financieras. El comercio, la construcción, la hostelería y el turismo son los sectores que más las han pedido.

En cuanto al rechazo a las medidas puestas en marcha por el Gobierno de España, como la limitación del despido, éste es mayor entre el sector agrícola, comercio, hostelería y oficinas y despachos.

A la Administración local, la CVE ha pedido la paralización de tributos, ayudas directas a pymes para el mantenimiento del empleo y la digitalización, así como la adaptación de las medidas del Diálogo Social en consistorios y Diputación Provincial ante la nueva situación.

Por su parte, a la Administración General del Estado se reclama también la suspensión de obligaciones tributarias y la reducción de las cotizaciones, así como una interpretación más flexible de los ERTE por fuerza mayor y la ampliación de sus efectos seis meses después de la vuelta a la actividad.

En cuanto a las medidas para el pago del alquiler, la presidenta de la CVE ha pedido que no se haga recaer todo el peso de las rentas en la empresa inquilina cuyos ingresos han caído a cero y ha abogado por un modelo de quita y de espera.

TEST Y MASCARILLAS

Ángela de Miguel ha defendido que los países que están saliendo "antes" del confinamiento son aquellos que disponen de más test y mascarillas para poder volver a la actividad de forma segura, por lo que ha criticado que el Estado "intervenga el mercado" e impida al sector privado adquirirlos en el mercado mientras el sector público "no es capaz de abastecer" al conjunto del país.

En este sentido, ha planteado la posibilidad de permitir la apertura de terrazas en verano como una forma de reactivar el sector de la hostelería en condiciones de menor riesgo que en el interior de los locales, ya que al tratarse del exterior podría garantizarse una mayor distancia de seguridad. En este sentido, ha abogado por una mayor flexibilidad en cuanto a la ocupación de la vía pública.

En su crítica a la intervención del mercado, De Miguel ha advertido de que medidas como la imposición de un precio máximo a las mascarillas provocarán un desabastecimiento en las farmacias, que dejarán de adquirirlas "si las tienen que vender a pérdidas".

También ha relacionado esa escasez con el "miedo" de los importadores a que el producto sea requisado y ha advertido de que si se dejara actuar al mercado, aumentarían las importaciones y una mayor oferta acabaría por hacer bajar el precio, a la vez que sí se ha mostrado favorable a que el Estado ayude a aquellas personas en dificultades que no pueda adquirir estos elementos de protección al precio de mercado.