UGT ha presentado ante la Fiscalía escritos para pedir la investigación de la gestión en al menos 18 residencias de mayores y personas con discapacidad ubicadas en seis provincias de Castilla y León, seis de las cuales son privadas, con el fin de conocer qué se ha hecho y cómo durante la crisis sanitaria derivada de la COVID-19.

Así lo ha anunciado el secretario general de la Federación de Empleados de Servicios Públicos (FeSP) de UGT en Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, en una rueda de prensa telemática que ha ofrecido junto a los secretarios de Autonómica y Dependencia de la Federación, Julio César Martín Nevado y Fonsi Bonafonte, respectivamente.

Pérez Urueña ha explicado que se ha solicitado la apertura de diligencias de investigación al considerar que el número de contagiados y fallecidos "excede" de lo normal y quieren conocer qué es lo que ha pasado y cómo se ha gestionado la crisis.

El secretario general de la FeSP ha señalado que se han enviado "múltiples" escritos a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que han quedado sin contestación y en los que se requería, entre otras cosas, información sobre los protocolos que se habían mandado a las residencias, datos sobre la incidencia del coronavirus, etcétera, además de "denunciar cuestiones importantes". Sin embargo, ha criticado que lo que se ha recibido ha sido "el silencio más absoluto" y ha pedido a la consejera, Isabel Blanco, que no se esconda en una "torre de marfil".

Así, ante la falta de información por parte de la Junta, se han recabado datos a través de los delegados sindicales y se han presentado escritos a la Fiscalía y ya se ha recibido respuesta de Zamora, por ejemplo.

En concreto, los escritos de UGT se refieren a la residencia Armunia de León, Los Royales de Soria (se está elaborando), los centros de atención a minusválidos psíquicos de Salamanca y la Béjar, las residencias asistida y mixta de Segovia, las dos residencias de la Diputación, la de Parquesol y seis privadas en Valladolid y Virgen del Yermo, Tres Árboles y Los Valles de Benavente en la provincia de Zamora.

Pérez Urueña ha advertido de que las denuncias sobre residencias ante la Fiscalía son individualizadas, ya que llama la atención que en centros que se encuentran en la misma localidad y que son públicos en unos casos se hayan producido muchos contagios y fallecimientos y en otros no. "Ha habido algo que ha diferenciado", ha asegurado el sindicalista, quien ha aclarado que sólo se trata de "saber la verdad".

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Por otro lado, UGT ha enviado a los portavoces de los grupos parlamentarios en las Cortes un escrito en el que pone de relieve los contagios y fallecidos que se han registrado en las residencias y a los que pide una reunión y la puesta en marcha de una comisión de investigación para dilucidar las dudas que generan la gestión de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

En definitiva, ha señalado Pérez Urueña, se trata de que se investigue "cuanto antes" lo ocurrido "desde varios niveles, uno de ellos el político", dado que es una competencia de la Junta de Castilla y León.

Además, en el marco de la rueda de prensa, el responsable de la FeSP ha criticado la situación generada con los equipos de protección como mascarillas que se "sospechaba" que no estaban validadas y aún así se han seguido repartiendo, algo que les ha "impactado" porque considera que no deberían haberse distribuido hasta tener la comprobación adecuada.

UGT considera esta situación "escandalosa" y por ello han pedido una investigación al Procurador del Común, que ya ha contestado que les recibirá "en breve".

Tomás Pérez ha pedido que se investigue para tener transparencia, claridad y que se diga lo que ha pasado "ya" porque actualmente hay medios para reunirse y "no valen excusas de esperar a mañana". Aún así, aunque ha aclarado que hasta que no se valore la gestión de la Consejería no van a pedir dimisiones ni se van a hacer otro tipo de peticiones hasta estar en otras fases de la desescalada, sí consideran que la situación no impide empezar a investigar y mirar los hechos recientes.

Por su parte, Julio Martín ha incidido en que se ha demostrado que el modelo de residencias de la Junta ha "quebrado" y ha sido incapaz de adaptarse, en parte porque ha desaparecido el personal sanitario de los centros, lo que en esta situación ha generado "conflictos" entre las direcciones de los mismos y el personal sanitario.

El responsable de Autonómica de la FeSP, quien cree que es posible que cuando esta cuestión deje de estar en "el candelero" la Junta volverá al modelo antiguo de desmantelamiento del carácter sanitario de estos centros, ha criticado que la Gerencia de Servicios Sociales no se diera "por aludida" cuando ya se hablaba de posible pandemia y no se tomaran medidas para contar con equipos de protección individual (EPI) y en la primera semana "del desastre" no hiciera "nada".

EMPEORA LA SITUACIÓN

Además, ha advertido de que después de superar la situación inicial y una cierta estabilización en lo que a material se refiere, ya hay dos centros donde actualmente se ha comunicado que no hay batas y volverán a trabajar "con bolsas de basura", algo que teme que se pueda extender al resto de residencias.

En cuanto a las mascarillas, cree "especialmente grave" la situación en Servicios Sociales, dado que se retiraron prácticamente sin explicación porque "no eran convenientes", además del hecho de que la mayoría de los servicios de prevención, a los que se remite a los trabajadores, estén privatizados y no tengan casi actividad en lo referente a COVID-19 pese al "pastizal de dinero que se gasta" mientras la mayoría de los trabajadores no tienen prueba realizada. Así, cree que no tiene sentido que haya centros protegidos y sectorizados sin tener conocimiento de cómo están los trabajadores.

A todo ello se suma un "desorden" en la gestión de los centros" o la política de contrataciones que, a pesar de que la Junta presume de ello, no ha supuesto la realización de contratos "prácticamente nada" por encima de las relaciones de puestos de trabajo (RPT) e incluso en algunos se trabaja por debajo de plantilla. Además, ha apuntado que se empieza a despedir pese a la acumulación de horas extras y la cercanía de las vacaciones, lo que cree que supondrá que, igual que en otras ocasiones, se cubran los descansos "a costa de otros" compañeros.

En la misma línea, Fonsi Bonafonte ha criticado la falta de claridad en los datos, las "lagunas" en la gestión de la Consejería y una "falta de seguridad" en el trabajo de cuidados, en el que se mantienen ratio de hace 20 años y las residencias no disponen de recursos técnicos y humanos, puesto que la situación de partida ya era de "precariedad" laboral.

También ha apuntado que la decisión de la Junta de "ahorrar" para proteger a los vulnerables no vale para el modelo residencial centrado en la persona, pero tampoco que el peso de lo público lo gestione lo privado.

"A la Junta tiene que servir el termómetro de que el 70 por ciento de los fallecidos vivían en centros residenciales", ha añadido Bonafonte, quien ha señalado que ya la falta de seguridad en este sector se remonta a años atrás, algo que se ha puesto de manifiesto con estudios por parte del sindicato y ahora el virus "ha destapado años de silencio, de complicidad con las empresas, de negligencias ignoradas y no detectadas por la Junta" en un empleo feminizado donde ha afirmado que siempre se han vulnerado derechos.

Por ello, ha exigido un marco normativo "ejemplar", una política preventiva que no se ha llevado a cabo, que no se modifiquen condiciones laborales y ratio adecuadas a las necesidades, pero para todo ello cree que es necesario conocer los incumplimientos que hayan podido producirse, abrir expedientes y, si fuera necesario, rescindir licitaciones a algunas empresas.