La Audiencia de Valladolid celebra juicio el día 5 de junio contra el hombre que a finales de mayo de 2019 fue detenido acusado de provocar un aborto a su pareja tras, presuntamente, propinarle una paliza. Podría ser condenado a penas que globalmente suman 22 años de cárcel.
El juicio se celebrará en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial, donde Fiscalía acude con un escrito en el que tipifica la conducta de J.B.C, de 34 años, como un delito de aborto causado a propósito, con una petición de ocho años de prisión; un delito de violencia habitual en el ámbito familiar, con la solicitud de tres años; un delito continuado de amenazas en el ámbito familiar, que llevaría aparejado otro año más, y dos delitos de lesiones agravadas, a razón de cinco años de privación de libertad por cada uno de ellos.
Además, como medida de seguridad, el fiscal del caso interesa la prohibición de que el acusado se aproxime a la víctima a una distancia de 500 metros, así como de acercarse a su domicilio o lugar de trabajo y a comunicar con ella por un periodo total de 28 años, junto con el pago de indemnizaciones que suman casi 24.700 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Valladolid acordó la continuación de procedimiento abreviado contra el encausado, detenido a finales de mayo por una supuesta agresión a su pareja, embarazada de ocho meses y que sufrió un aborto presuntamente por los golpes recibidos.
Los hechos, por los que el detenido continúa ingresado en la prisión salmantina de Topas ya que el juez le impuso situación de prisión provisional comunicada y sin fianza, se produjeron en la tarde del 29 de mayo, cuando la gestante, de 31 años, ingresó en el Hospital Clínico Universitario, donde fue atendida al sufrir un aborto.
A posteriori, sobre las 19.15 horas, fue cuando el Juzgado de Guardia, a instancia de los facultativos, dio aviso a la Policía Nacional de que dicho aborto podría estar motivado por las lesiones y hematomas que presentaba la mujer.
CONTRADICCIONES ENTRE LA PAREJA
Ante ello, agentes de la policía acudieron al centro, donde estaba presente el supuesto agresor, y ante los indicios y las declaraciones del personal médico y las contradicciones habidas entre la propia pareja se procedió a la detención a J.B.C, novio de la víctima desde hace dos años.
Al día siguiente se trasladó al agresor al domicilio conyugal para realizar un registro en la calle Corpus Christi.
La víctima, tanto primero en el hospital como luego a preguntas del juez, mantuvo su versión de que lo que en realidad había sucedido era que se había caído en la ducha por una enfermedad que sufriría en las piernas, si bien a posteriori se ha personado como acusación particular tras modificar su versión y reconocer que las lesiones no fueron accidentales y denunciar que su pareja venía agrediéndola de forma continua.
En su relato de hechos, el fiscal del caso apunta que el 28 de mayo y en el domicilio familiar, el acusado, alegando que su pareja había mirado a otro hombre en la calle esa tarde, comenzó a increparla con calificativos de "puta" y "zorra", al tiempo que la amenazó de muerte y la propinó golpes por todo el cuerpo.
La víctima se quedó dormida en el sofá, pero se despertó en las primeras horas del día 29 cuando, supuestamente, su pareja volvió a cebarse con ella. Así, le propinó una fuerte patada en el lado derecho del abdomen, y ello a pesar de que se encontraba embarazada y a punto de dar a luz.
MAQUILLAJE PARA OCULTAR LOS GOLPES
La mujer comenzó a sentir fuerte dolores en la parte abdominal y a la mañana siguiente, cuando acudió al baño, vio que había roto aguas, momento en el que su supuesto agresor la trasladó en su vehículo al hospital--el feto ya había fallecido por desprendimiento de placenta--, no si antes indicarla que se maquillara al objeto de disimular las múltiples marcas que presentaba en el rostro y otras partes visibles del cuerpo.
En fechas anteriores que el fiscal sitúa en el 12 de diciembre de 2018, el ahora encausado ya había sufrido otro ataque de celos en cuyo transcurso, presuntamente, increpó de forma despectiva a la víctima y amenazó con quitarle la vida con sus puños, hasta finalmente propinarle un fuerte empujón que le hizo caer al suelo, provocándole la fractura del brazo derecho.
Pese a la gravedad de la lesión, la mujer optó por no acudir al médico en ese momento y fue el propio acusado el que le colocó un vendaje tratando de evitar la asistencia médica y tener que dar explicaciones de lo sucedido.
No fue hasta dos días después, debido a los fuertes dolores que padecía la agredida, cuando el investigado decidió llevarla al hospital, pero asegurándose de que en ningún momento se quedaba sola para evitar así que ella le delatara. La víctima dijo entonces que había sido fruto de una caída accidental, como ocurrió el día que ingresó en el hospital con el feto ya muerto en sus entrañas.