La Junta de Castilla y León ha puesto en funcionamiento una nueva estación depuradora de aguas residuales en Rueda (Valladolid), infraestructura que gestionará Somacyl por espacio de 25 años y que ha supuesto una inversión de 3.569.437 euros financiados por Adminisración regional (3.019.437 euros) y el Ayuntamiento de la localidad (550.000 euros).
La nueva EDAR de Rueda dispone de un caudal medio diario de 40 metros cúbicos a la hora, con un caudal punta de entrada de 152,8 m3/h., que podrá dar servicio a una población de 22.735 habitantes equivalentes, teniendo en cuenta los vertidos de las numerosas bodegas y otras industrias existentes en el municipio.
Tras un análisis de alternativas, se optó para la nueva EDAR de Rueda por un sistema de tratamiento biológico en dos etapas, similar al de otras grandes poblaciones bodegueras en España.
Este tratamiento es parecido al biológico convencional, pero con dos etapas en serie, reduciéndose la carga en la primera, y actuando la segunda para rebajar los niveles de contaminación hasta los exigibles. Las dos etapas permiten mucha flexibilidad, para poder soportar cargas altas o bajas en función de la época.
La planta se localiza en la misma parcela en la que se encontraba el lagunaje antiguo del municipio; se ha ejecutado un pretratamiento inicial compacto, una corrección de pH, y los dos tratamientos biológicos en serie, con su decantación secundaria cada uno, para terminar en el lagunaje existente.
Hay una gestión de fangos completa para las dos líneas biológicas.La antigua laguna de fangos, que es el punto de vertido de agua depurada en la actualidad, se ha naturalizado.
Durante la visita a las instalaciones, Suárez-Quiñones, acompañado por la alcaldesa de Rueda, Mª Dolores Mayo; el delegado territorial de la Junta en Valladolid, Augusto Cobos; el consejero delegado de Somacyl, José Manuel Jiménez, o el vicepresidente primero de la Diputación de Valladolid, Víctor Alonso-, ha destacado el importante avance que supone la puesta en funcionamiento de esta infraestructura, que en el caso global de la provincia de Valladolid supone completar el mapa de depuradoras que la Administración regional tenía asignadas en esta provincia en localidades de más de 2.000 habitantes equivalentes, cumpliendo con la Directiva europea 91/271.
UN TOTAL 25 MILLONES LA PASADA LEGISLATURA
En este contexto, la pasada legislatura la Junta de Castilla y León ha actuado en 11 instalaciones de depuradoras, con una inversión global superior a 25 millones de euros: en Alcazaren, Arroyo de la Encomienda, Cabezón de Pisuerga, Campaspero, La Cisterniga, Mojados, Olmedo, Portillo, Rueda, Simancas, Villalón de Campos.
A la Administración General del Estado le correspondía actuar en siete instalaciones: en Aldeamayor de San Martín, Castronuño, Cigales, Fresno el Viejo, Nava del Rey, Quintanilla de Onésimo y Villanueva de Duero.
Además, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha avanzado el compromiso de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de llevar a cabo en esta legislatura alrededor de 300 actuaciones de depuración en Castilla y León, en municipios entre 500 y 2.000 habitantes equivalentes, con una inversión aproximada de 125 millones de euros, en el marco de un acuerdo con las nueve diputaciones provinciales.
De estas 300 actuaciones en Castilla y León, 32 depuradoras están previstas en la provincia de Valladolid, con una inversión estimada de 17,5 millones de euros.
El acuerdo con las nueve diputaciones, que se documentará en próximas semanas, contempla una financiación según la cual la Junta aporta el 40%, la Diputación, otro 40%, y los ayuntamientos, el 20%; asimismo, la Junta posibilita financiar el 50% de la Diputación a 10 años y el 20 % de los ayuntamientos a 25 años; además, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se encargaría de la gestión de estas infraestructuras de saneamiento durante 25 años.
"Todas estas actuaciones buscan conseguir el objetivo de cero aguas sin depurar, algo que la Junta de Castilla y León está dispuesta a conseguir a lo largo de esta y la próxima legislatura, en la que se ejecutaría la depuración de los núcleos de menos de 500 habitantes equivalentes", remarcó el consejero, Juan Carlos Suárez-Quiñones.