Las supuestas irregularidades en forma de filtración de parte de las preguntas a parte de los aspirantes a doce plazas de bomberos en las pruebas celebradas el 2 de octubre de 2016 en la Diputación de Valladolid, cuya fase de instrucción judicial ha concluido, podrían traducirse en condenas que, globalmente, se elevan a 37 años de cárcel para los quince acusados.
Eso es al menos lo que la Fiscalía de Valladolid solicita para los encausados en su escrito de calificación provisional de los hechos, en el que tipifica la conducta de cuatro de los encausados, vocales del tribunal calificador y funcionarios de carrera de la Diputación vallisoletana, como un delito de revelación de secretos, y de otro delito de aprovechamiento de secretos en el que habrían incurrido los once opositores que, supuestamente, accedieron a las preguntas.
En el caso de los cuatro primeros, la acusación pública solicita para ellos penas de tres años de cárcel e inhabilitación especial por cuatro años para empleo o cargo público, mientras que para el resto interesa condenas de dos años y tres meses, inhabilitación durante idéntico periodo y la pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por espacio de siete años, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
La vista oral del juicio se celebrará en el Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid en fecha aún por señalar, aunque la misma pudiera no poder desarrollarse hasta el año próximo, dada la actual situación sanitaria y el número de acusados y sus representantes legales.
Las pesquisas desarrolladas por el Juzgado de Instrucción número 1 se iniciaron a petición de la Fiscalía de Valladolid a raíz de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 que desestimó el 27 de julio de 2017 el recurso presentado por algunos de los aspirantes a la prueba que denunciaron filtraciones, con la particularidad de que éstos fueron más tarde incluidos por el instructor como investigados en las diligencias.
Aunque el juzgador no estimó las pretensiones de los recurrentes, sí observó la existencia de una serie de irregularidades en la celebración de la prueba, dado que algunos de los opositores reconocieron haber tenido acceso a las preguntas y que algunos funcionarios de la Diputación de Valladolid, entre ellos algunos jefes de parques de bomberos, integrantes del jurado, tres de ellos en calidad de vocales titulares y uno como vocal suplente, podrían ser los responsables de la filtración.
Ante ello, el juez dio traslado de lo actuado a la Fiscalía de Valladolid por si los hechos fueran constitutivos de infracción penal, con lo que la acusación pública acordó la apertura de una investigación.
GRABACIONES Y VÍDEOS
Los recurrentes aportaron en su día al Juzgado de lo Contencioso Administrativo pruebas en forma de grabaciones, vídeos y otros documentos, convenientemente peritados, con los que esperaban demostrar las irregularidades cometidas y el trato de favor recibido en la primera prueba por algunos de los concursantes por parte de varios integrantes del tribunal.
La presentación de los recursos de alzada por parte de quienes se sentían perjudicados, de los cerca de 600 presentados a la prueba, partía de la primera criba realizada entre los más de treinta aprobados tras constatar, según denunciaban, que la totalidad o parte del cuestionario, formado por cincuenta preguntas, había sido filtrado entre algunos de los aspirantes.
De hecho, el fiscal, en su escrito de calificación, da por probado que los cuatro integrantes del tribunal, de común acuerdo, decidieron filtrar parte de las preguntas y su respuesta correcta, en concreto 33 de un total de 50, que ellos mismos habían confeccionado con el fin de favorecer a once funcionarios interinos de la Diputación de Valladolid que prestaban servicios en los distintos parques de bomberos de la institución.