Del Olmo llevará a los tribunales a Puente por el caos circulatorio de Valladolid

El pasado mes de octubre el Grupo Municipal Popular presentaba un recurso de reposición al Decreto de Movilidad del Ayuntamiento que se fundamentaba en la vulneración de tres leyes, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Ley del Tráfico y la Ley de Bases de Régimen Local, así como del Reglamento de Participación Ciudadana de Valladolid.

El Ayuntamiento ha desestimado al recurso de reposición del Grupo Popular “por lo que nos vemos obligados a acudir a la vía judicial porque la respuesta que nos han dado es una faena de aliño muy poco trabajada y mal argumentada”, explica Pilar del Olmo.

En cuanto a la vulneración de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, desde el Área de Movilidad y Espacio Urbano argumentan que la afirmación de que este decreto ha establecido importantes restricciones al tráfico rodado en esta ciudad es una expresión exagerada o excesiva, “como si nos estuviésemos inventando los graves atascos que a diario sufrimos los vallisoletanos. Esto supone desconocer los cambios circulatorios que han realizado, la ciudad de Valladolid o ambas cosas”, afirma la presidenta de los populares en el Consistorio.

El escrito también recoge que decir que las 21 calles del centro (Isabel la Católica, López Gómez, Cebadería…) en las que se ha implantado el carril bus taxi son más o menos importantes es una visión puramente subjetiva de la recurrente, “demuestra que se desconoce el centro de Valladolid, así como los cambios que se han producido y las consecuencias para los vallisoletanos”, subraya Del Olmo.

Asimismo, la resolución dice que solo han pintado calles y han puesto señales, “una afirmación completamente falsa, ya que se olvidan de la instalación de ciertos semáforos, la colocación de la cámara de detección de infracciones en la calle Cánovas del Castillo o el presumible puesto fijo de la Policía Municipal en esa zona, entre otros”, mantiene la presidenta del PP en el Ayuntamiento.

Los populares recuerdan que uno de los motivos de la vulneración de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera es la inexistencia de una memoria económica que ampare las actuaciones que recoge el decreto recurrido.  “Pues bien, el Ayuntamiento sigue sin aportar ningún documento que justifique los gastos que ha supuesto a los vallisoletanos y a sus arcas municipales establecer este nuevo régimen circulatorio que tiene atascada a la ciudad. Desde el equipo de Gobierno hablan de transparencia pero seguimos sin ver un número”, indica Del Olmo.

En lo que a la vulneración de la Ley del Tráfico se refiere, la resolución del recurso dice que el anexo II de movilidad urbana (PGOU) recoge la propuesta de un carril bici preferentemente segregado en vías como la avenida Gijón y el paseo Isabel la Católica, “pero las obras para un nuevo carril bici en Isabel la Católica ya están bien avanzadas y nada tiene que ver con el proyectado ya que discurre por el espacio libre público”, sostiene la edil popular.

El último punto en el que se sostenía el recurso de reposición del Grupo Municipal Popular es la vulneración de la Ley de Bases de Régimen Local y el Reglamento de Participación Ciudadana de Valladolid. A este respecto, la respuesta del equipo de Gobierno argumenta que se trata de actuaciones aisladas y concretas. “Una vez más, faltan a la verdad, ya que el decreto recurrido establece 21 carriles bus taxi en 21 calles de la zona centro de Valladolid e implanta dos carriles bici segregados, de los cuales uno de ellos, el de Isabel la Católica, ya está desfasado porque se está construyendo uno nuevo”, explica Pilar del Olmo.

Desde el Partido Popular en el Ayuntamiento reiteran que “no hay duda de que el Decreto de movilidad ha impuesto en Valladolid un nuevo régimen circulatorio y que tiene repercusiones de gran alcance en la ciudad porque afecta a más de 21 calles”, explica del Olmo, “además, en la resolución del recurso hay improvisaciones y errores de bulto, como confundir la avenida de Salamanca con el paseo Isabel la Católica, que no hay que ser abogado para entender”, añade la concejal popular. “Por todo ello, no podemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que el Ayuntamiento lleve a cabo acciones que consideramos ilegales. No nos han dejado más remedio que recurrir a la vía judicial y llevaremos el decreto al Contencioso Administrativo”, sentencia Del Olmo.

“Nunca me ha gustado judicializar la política pero es la única salida que nos deja Puente. Lo hemos intentado por todos los medios (mociones, pleno extraordinario, recurso de reposición…), pero la respuesta siempre ha sido no”, concluye la presidenta de los populares en el Consistorio.