Las asociaciones Ciudad Sostenible, Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado y Ecologistas en Acción piden al Ayuntamiento de Valladolid que se paralice definitivamente el proceso de licitación del concurso para la instalación y recogida de contenedores amarillos por toda la ciudad que tiene por objeto "la recogida selectiva de envases ligeros, incluyendo la contenerización y transporte de los materiales recogidos hasta la planta de tratamiento de residuos de Valladolid para su clasificación", y que se inicie un debate global sobre la recogida y tratamiento de los residuos urbanos en nuestra ciudad que es manifiestamente mejorable.

Ante esta licitación, estas organizaciones sociales manifiestan que este intento, paralizado momentáneamente por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León -previa denuncia de la mercantil GMSM Medioambiente S.A.-, "constituye la primera propuesta en nuestra ciudad de privatización de una parte de la recogida de los residuos urbanos, y, por lo tanto, sienta un precedente peligroso para el futuro del servicio municipal" además de hacerse esta propuesta de licitación con una estimación de costes inferior a los actuales de dicho servicio.

El acuerdo de esta licitación, recuerdan, lo aprobó el Ayuntamiento de Valladolid el pasado 30 de septiembre en Junta de Gobierno, licitación en la que el ganador deberá aportar "los medios personales (doce trabajadores para funciones de gestión, conductores y operarios) y materiales para la realización del servicio (distintos medios mecánicos, cinco camiones nuevos de recogida de residuos de carga lateral, un camión de caja abierta, un vehículo de inspección eléctrico y 1.122 contenedores de 2.400 litros de carga lateral de tapa amarilla)", siendo el presupuesto base de licitación anual del contrato de 881.283,23 € que, con el IVA correspondiente, alcanza los 969.411,55 €.

Esta actuación se enmarca en el Convenio que ya tiene suscrito el Ayuntamiento con Ecoembes para la recogida de envases ligeros, y, aunque esta fracción de los residuos está sometida a responsabilidad ampliada del productor y sus costes de implantación serán sufragados por el mismo (Ley 22/2011, LRSC, artículo 11, apartado 2), el Ayuntamiento estima, en sus propios pliegos, unos costes definitivos para la ciudad de 250.000 euros para el periodo de vigencia del contrato según sea la realidad de la recogida y el porcentaje de impropios.

Ciudad Sostenible, Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado y Ecologistas en Acción señalan asimismo que "con esta propuesta se da cauce a los intereses de Ecoembes que siempre ha optado por una recogida diferenciada de los envases que gestiona mediante el conocido contenedor amarillo". Se produce esta propuesta en un momento en el que Greenpeace ha elaborado un exhaustivo Informe sobre las responsabilidades y prácticas de la Fundación Ecoembes en la mala gestión de los residuos plásticos en España. En este informe que lleva el significativo título de "Ecoembes miente" se señala "que el nivel de recuperación de envases de plásticos a nivel estatal es del 25,4%, muy lejos de las ratios anunciados por Ecoembes de hasta el 75%". Igualmente se indica que "según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, más del 40% de los recogidos en el cubo amarillo es rechazado en las plantas de separación; los envases de PET de colores o los de menos de 10 cm son algunos de los ejemplos de los descartes de este sistema de recogida". También muestra el Informe con claridad que una buena parte de los plásticos recogidos en el contenedor amarillo acaban en otros países y que es imposible actualmente la completa recuperación material de los tetrabriks.

Las asociaciones Ciudad Sostenible, Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado y Ecologistas en Acción proponen que, frente a la colaboración con Ecoembes, que tiene el monopolio del reciclaje de envases domésticos, se opte por la implantación de un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) en el que el consumidor se compromete a hacerse cargo del residuo que genera y, cuando lo hace, se le premia con la devolución de una cantidad de dinero. Este sistema, implantado desde 1984, funciona actualmente en los países más avanzados de la Unión Europea en materia medioambiental como, entre otros, Alemania, Suecia, Noruega, Holanda y Dinamarca, en otros países del mundo como, por ejemplo, Estados Unidos, Australia y Canadá, así como en diversos ayuntamientos de Cataluña.