La pena de muerte es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante. Es irreversible y se cometen errores; no disuade a los delincuentes; es discriminatoria; suele aplicarse en sistemas de justicia poco imparciales, y se utiliza como herramienta política. Y a pesar de ello Amnistía Internacional contabilizó en 2018 –último año con registros totales- 657 ejecuciones de personas en veinte países. Ante esta realidad la unidad de acción se configura como uno de los elementos que deben fortalecerse para lograr la erradicación definitiva de este método de condena, que incluso afecta a menores de edad cuando cometieron el delito.
El 8 de mayo de 2018, el pleno del Ayuntamiento de Valladolid aprobó por unanimidad la moción para la adhesión a la red de “Ciudades por la vida, ciudades contra la pena de muerte”, iniciativa puesta en marcha a nivel internacional por la comunidad de San Egidio, que en 2002 conmemoró, su abolición por primera vez en el mundo, en el Gran Ducado de la Toscana un 30 de noviembre de 1786. En la actualidad más de 2.000 ciudades participan en la iniciativa, en un intento de sensibilizar a la sociedad.
Así ciudades en todo el mundo como Berlín, Ámsterdam, Roma, Ginebra, París, Nairobi y también Valladolid, iluminan edificios representativos para mostrar el rechazo de la sociedad a la pena de muerte, un castigo cruel, inhumano y degradante.
La ejecución de criminales y disidentes políticos ha sido utilizada a lo largo de la historia, pero la evolución de la justicia y el respeto creciente de los derechos humanos, hace que cada vez sean más los Estados que reniegan de esta práctica. Los delitos para los que se aplica esta medida son variados, dependiendo de los países, religión y régimen político; condenando a muerte no sólo a personas que han cometido delitos, sino también a adúlteros, homosexuales, apóstatas, blasfemos, disidentes, etc.
La abolición de la pena de muerte es exigible a todo estado democrático, que respete los derechos humanos y proteja la vida de sus ciudadanos.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 3 dice “todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona”, este artículo configura el derecho a la vida como el derecho fundamental por antonomasia, pues los demás derechos sin él carecen de relevancia.
En nuestro país, el artículo 15 de la Constitución, enumera como derecho fundamental la vida y la integridad física, quedando prohibida la tortura o cualquier tipo de pena o trato inhumano o degradante.
El Ayuntamiento de Valladolid como miembro de la red de “Ciudades por la vida, ciudades contra la pena de muerte”, promueve el respecto a la vida a través de las siguientes actuaciones de sensibilización, en colaboración con Amnistía Internacional:
-Iluminación de amarillo la Cúpula del Milenio el día 29 de noviembre.
-Colocación de una pancarta contra la pena de muerte, que permanecerá 14 días en el edificio municipal de San Benito.
-Publicación del enlace del manifiesto contra la pena de muerte en la web municipal.