El Ayuntamiento de Valladolid deberá pagar más de dos millones a la Diputación por la urbanización de Villa del Prado

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha estimado parcialmente el recurso presentado por el Ayuntamiento de Valladolid contra la sentencia que reconocía el derecho de la Diputación provincial a percibir las plusvalías por la venta de unas parcelas en el plan parcial Villa del Prado y, aunque mantiene que el Consistorio deberá abonar cantidades en ese concepto precisa que se deberían restar del total en torno a 1,4 millones de euros.

Según una información de El Día de Valladolid, recogida por Europa Press, el Ayuntamiento deberá pagar más de dos millones de euros a la Diputación por los costes de urbanización de Villa del Prado, según la citada sentencia dictaminada esta semana por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCyL) tras el recurso presentado por el Consistorio el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 en el que se daba la razón a las pretensiones de la Diputación.

El texto conocido en esta semana mantiene que el Ayuntamiento debe hacerse cargo de las plusvalías de la venta de una veintena de parcelas que la Diputación había entregado al Consistorio para sufragar los costes de urbanización de Villa del Prado.

Pero estima parcialmente el recurso de la Administración municipal y revoca los extremos de la sentencia del Juzgado relativos al pago de los gastos de urbanización del ajardinamiento de una parcela por valor de 47.482,52 euros, los de desmonte de la línea de alta tensión de la subestación eléctrica de la Olma, por un importe salvo error de 1.232.304,37 euros (ya está descontado el pago hecho de 144.035,66 euros), y los de resoluciones judiciales, cuya cuantía asciende a 119.844,85 euros.

Asimismo se revoca dicha sentencia en el pronunciamiento sobre costas de la primera instancia, respecto de las que no se hace expresa imposición a ninguna de las partes.

El concejal de Planeamiento Urbanístico, Manuel Saravia, ha precisado que todavía no se puede concretar la cantidad que deberá satisfacer el Consistorio, que él cifra en "varios millones" de euros, pues los servicios jurídicos municipales estudian la sentencia y el caso para determinarlo.

Asimismo, ha apuntado que se analiza igualmente si existe materia de casación para recurrir ante el Tribunal Supremo, algo que, en su opinión "personal" si que debería hacerse.

Saravia también ha destacado que la última sentencia rechaza por completo un recurso presentado a su vez por la Diputación contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo.