Ataecyl lamenta la falta de acuerdo político en la Diputación de Valladolid para “apuntalar el tejido cultural en la provincia”
La Asociación de Técnicos de Audiovisuales y del Espectáculo de Castilla y León (Ataecyl) lamentó hoy la falta de apoyo y las razones esgrimidas por los grupos políticos determinantes para lograr un acuerdo en la Diputación de Valladolid que hubiera permitido “apuntalar el tejido cultural y técnico profesionales en la provincia”.
En un comunicado recogido por Ical señalan que “siempre” han estado “a disposición de los distintos grupos políticos” para “plantear soluciones, realizables y necesarias, encaminadas a mejorar, apuntalar y mantener el tejido de profesionales de las artes escénicas en la comunidad”.
Según recuerdan, a petición de la representante de Toma la Palabra, Virginia Hernández, se reunieron con ella en julio y en septiembre para hacerle llegar una serie de reivindicaciones y propuestas de mejora del panorama cultural profesional de la provincia. Sus propuestas buscaban “llegar a los municipios pequeños con propuestas profesionales, ayudar a las compañías de la provincia, y subsanar las deficiencias en los apartados técnicos de las representaciones en los municipios de menos recursos, de forma económicamente asumible y laboralmente impoluta”.
El resultado de esas propuesta, prosiguen, fue la moción presentada en el último pleno de la institución provincial, donde fue rechazada “por venir del grupo político que la presentaba”. Según la Junta Directiva de Ataecyl,“no se cubre la oferta cultural de los municipios pequeños de nuestra provincia con representaciones de grupos aficionados, sino mediante un tejido y mantenimiento de contrataciones profesionales rigurosas y que ayuden a los profesionales a seguir adelante”.
En ese sentido, piden una reflexión sobre el papel de la Diputación en el desarrollo cultural de sus poblaciones, el apoyo a los profesionales de la provincia, muchísimos de ellos autónomos, y la posibilidad de subsanar la brecha de financiación, en presupuesto ejecutado, que mantienen las Diputaciones frente a la Junta de Castilla y León y los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes.