Fiscalía de Valladolid solicita una pena global de siete años de cárcel para un vecino de Pedrajas de San Esteban, S.L.N, que será juzgado este jueves, 21 de enero, en la Audiencia Provincial acusado de sendos delitos contra la salud pública y tenencia de moneda falsa.
En su escrito de calificación provisional de los hechos, la acusación pública solicita para el pedrajero un total de cuatro años y medio por el primero de los dos citados delitos y multa de 486 euros, así como otros dos años y seis meses por el segundo, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
En el juicio se analizarán hechos ocurridos en el verano de 2019, cuando, en un primer episodio, efectivos de la Guardia Civil se desplazaron hasta el domicilio del encausado, de 43 años, con motivo de un altercado en el interior de su vivienda sostenido con una mujer--tal suceso se sigue en un procedimiento distinto--que, a la llegada de los agentes, hizo entrega voluntariamente a los funcionarios de 3,5 gramos brutos de MDMA que había el domicilio y 320 billetes de 20 euros falsos.
Con posterioridad, el día 25 de julio, cuando agentes del Instituto Armado circulaban por el casco urbano de Pedrajas, concretamente por la Avenida Juan Carlos I, fueron requeridos por un vecino que les hizo entrega de un envoltorio de plástico con 0,65 gramos de speed que, según les dijo, le había suministrado el procesado. El denunciante explicó que era toxicómano y que no quería volver a consumir tras haber permanecido en varios centros de desintoxicación.
Ante ello, la Guardia Civil registró tres días después el domicilio del acusado, con la preceptiva autorización judicial, y se incautó de anfetamina en el interior del congelador, así como de numerosos efectos para la distribución de sustancias, entre ellos envoltorios, alambre de color verde, varias básculas, una cuchara sopera con restos de droga, 22 billetes falsos por importe global de 440 euros y un libro de cuentas con numerosas anotaciones de supuestas ventas a clientes.
Consta un informe médico en el que se reconoce que el acusado presenta abuso de tóxicos y un síndrome de dependencia al alcohol y otros estimulantes, pese a lo cual no se le aplica atenuante alguna al entender que ello no afecta a sus capacidades cognitiva y volitivas.