El vicesecretario del Ayuntamiento de Valladolid apunta que el acusado de amañar contratos antepuso criterios valorativos sobre matemáticos

La declaración de José Manuel M.F, quien ocupa la Vicesecretaría Municipal en el Ayuntamiento de Valladolid desde 2013, ha centrado la práctica totalidad de la prueba pericial desarrollada este jueves en la Audiencia Provincial, donde desde el pasado viernes el funcionario José Luis G.M. se sienta frente a un jurado para responder de su presunta actuación irregular en la adjudicación de distintos contratos al referido grupo empresarial a cambio de una serie de dádivas o prebendas.

Autor de tres informes sobre la tramitación de los contratos de señalización horizontal y vertical adjudicados a empresas de API Movilidad, cuyo contenido sustenta buena parte de las tesis incriminatorias de la fiscal del caso y del propio Ayuntamiento, personado como acusación particular, el vicesecretario ha declarado que de lo analizado se desprende que el acusado tomo su decisión dando mucho más peso a los criterios valorativos sobre los matemáticos, cuando eran estos últimos los que, por ley, debían imperar.

"Los criterios no matemáticos alcanzaron un peso del 85 por ciento, cuando la proporción tenía que haber sido de un 60 por ciento en favor de los primeros frente al 40 de los segundos, con lo que el procedimiento debió declararse nulo porque la decisión final quedaba a criterio exclusivo del técnico, que se atribuyó una potestad ilimitada", ha advertido el perito, quien también considera como irregular el hecho de que el aludido no se apartara del proceso, ante un posible "conflicto de intereses", por el hecho de que estaba resolviendo a favor de un grupo de empresas para el que trabajaba su hijo en Madrid.

A lo largo de su intervención, José Manuel M.F, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha puesto igualmente en 'solfa' el capítulo de mejoras que API Movilidad para hacerse con el contrato de 2008, ya que el mismo contemplaba un conjunto de actuaciones y servicios, a mayores de los trabajos licitados propiamente dichos, por importe de 1.100.000 euros, cuando la licitación era de 2.880.000 euros.

"Estamos hablando de que esas mejoras suponen casi el 50 por ciento del contrato, con lo cual ahí hay algo que no está bien", ha indicado el perito, que también considera injustificable que en ese capítulo de mejoras ofertado por API se incluyera la puesta a disposición del acusado de un vehículo Volkswagen Passat y de un teléfono móvil, a pesar de que tanto el procesado como otros compañeros de éste hayan apuntado que no era algo infrecuente por parte de las licitadoras.

"Contamos con un parque móvil para que los técnicos se desplacen para certificar los trabajos y si no hay disponibilidad de turismos siempre se puede llamar a un taxi o utilizar el vehículo propio, con gastos que luego corren por cuenta del Ayuntamiento", ha advertido el vicesecretario.

El perito también se ha quejado de que a fecha de hoy, y pese a los tres requerimientos formales que en persona ha realizado a trabajadores del Ayuntamiento, nadie le haya sabido justificar los servicios o trabajos del capítulo de mejoras efectuado por API, pues, como así ha apostillado, todos contestan que el único que podía hacerlo era el acusado ya que este cometido lo llevaba él en exclusiva.

En opinión del vicesecretario, el hecho de que un hijo del procesado trabajara para el grupo de empresas al que se adjudicaron los contratos pudieron ser la razón de que José Luis G.M. favoreciera, presuntamente, los intereses de API, al tiempo que ha rechazado que la percepción de regalos u obsequios por parte de los empleados sea una práctica habitual.

"Ha pasado en otras épocas, pero no es normal. Los cohechos empiezan por un pequeño regalo y terminan....", ha advertido el perito, quien tampoco ve razonable que el contrato de 2008 se adjudicara en 2.880.000 euros cuando la empresa adjudicataria hizo una oferta de 2.100.000 euros.

Regalos no acreditados 

La pericial de la quinta jornada del juicio iniciado el pasado viernes ha contado igualmente con la intervención de un inspector del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional respecto de sendos informes sobre los supuestos obsequios recibidos por el acusado y el disco duro de su ordenador, capítulo este último en el que apenas se ha incidido.

Sí se le ha preguntado por las supuestas dádivas en forma de jamones, un viaje a Amsterdam y entradas para el fútbol y los toros, si bien el perito ha declarado que las investigaciones realizadas no han podido acreditar este extremo, tan sólo como hechos objetivables el turismo que API puso a disposición de José Luis G.M, al que la empresa puso como conductor habitual a efectos del seguro, y el contrato que su hijo empezó a tener con el grupo mercantil a partir de 2003.

El juicio, muy complejo dada la naturaleza del delito enjuiciado y el hecho de que el mismo tenga que ser visto por un jurado popular, algo que el propio magistrado presidente ha puesto de relieve desde el inicio, entrará este viernes en la fase de informes. Está previsto que el lunes los integrantes del jurado cuenten ya con el objeto del veredicto.

Con carácter provisional, el funcionario municipal, cuyo letrado interesa un fallo absolutorio, se expone a una condena de entre cuatro años y siete meses de cárcel que pide la fiscal del caso y los tres que solicita el Ayuntamiento, junto con multas de 15.000 y 6.480 euros, respectivamente, y su inhabilitación por espacio de diez años y medio, además de la responsabilidad civil a concretar.