El Grupo de Toma la Palabra pide que la Diputación de Valladolid incluya cláusulas sociales y medioambientales en sus contratos en una iniciativa en la que argumenta, que esta institución, como gestora de un presupuesto público, no debe limitarse a la adquisición de los bienes y servicios necesarios para su acción de gobierno, sino que debería procurar que se generasen los mayores efectos positivos.

Asimismo, en un comunicado, indicaron que una gran cantidad de administraciones públicas del país ha incorporado dichas cláusulas en la contratación pública y añadió que la propia Ley de Contratos del Sector Público recomienda y ampara incorporar criterios de política social para la adjudicación de contratos públicos respetando los principios de libre concurrencia, transparencia y no discriminación.

También destacó que estas cláusulas no suponen un mayor coste para la Administración pública, al contrario, ahorran dinero a medio plazo. "Estas políticas suponen menos inversiones para paliar el impacto medioambiental, reducen el pago de ayudas sociales y los esfuerzos de los servicios sociales", indicó.

Por ello, piden que la Diputación priorice a aquellas empresas que tengan en sus plantillas un número de trabajadores con discapacidad superior al dos por ciento o apliquen medidas alternativas al cumplimiento de la cuota de reserva a favor de las personas con discapacidad en los supuestos en los que excepcionalmente no puedan cumplir con dicha obligación.

Además, demanda puntuar de forma positiva a los proveedores que, con fecha anterior a la adjudicación provisional del contrato público, contraten a personas inscritas como demandantes de empleo y pertenezcan a los colectivos con mayores tasas de desempleo: menores de 30 años, mujeres y mayores de 55 años.

Por otra parte, se prioriza en la contratación pública a las empresas de la economía social como cooperativas y sociedades limitadas laborales por su estructura para la reversión social de los beneficios y la generación de empleo frente a empresas con otro tipo de personalidad jurídica.

También plantea que se valore positivamente la presentación de etiquetas sociales y medioambientales, a aquellas empresas que presenten un plan de gestión eficiente de la energía con implantaciones de sistemas que contribuyan al ahorro energético y empleo de energías renovables.

Finalmente, plantea premiar a las empresas que presenten mejoras de carácter medioambiental en sus proposiciones técnicas y a las que cuenten con el Certificado EMAS (EcoManagment and Audit Scheme) o ISO (14001, ISO 14025..) para la aplicación de normas de gestión medioambiental.