La defensa del servicio público postal de Correos en la provincia de Valladolid centrará la moción que el Grupo Provincial Toma la Palabra presentará en el pleno ordinario del mes de mayo de la Diputación de Valladolid, que se celebrará el próximo día 21. El objetivo es que la administración provincial inste a los diferentes órganos competentes a adoptar una serie de medidas para garantizar la correcta prestación de este servicio para el conjunto de la ciudadanía, en general, y, más en concreto, para la provincia de Valladolid, en la que se han perdido en el último año 90 puestos de trabajo. 

Tan solo 30 se corresponden con jubilaciones, defunciones o traslados, los otros 60 son plazas que no se han cubierto de forma fija (sino con contrataciones temporales o con la reconversión de jornadas completas en parciales) o que pertenecían a oficinas que se han cerrado, tanto en la capital como en el medio rural.

Precisamente, entre las medidas que propondrá Toma la Palabra en su moción se incluirá la actualización y mantenimiento de las oficinas auxiliares y unidades de reparto en las zonas rurales, pues, como señala la portavoz de la plataforma, Virginia Hernández, «este debilitamiento en el servicio se traduce en una merma en la calidad que afecta especialmente a los pueblos, que no están en igualdad de condiciones con respecto a la población de los núcleos urbanos». Una preocupación que Hernández comparte con Benito Gómez y Nunilo Gato, con quienes se reunió el pasado miércoles, día 5, como representantes de CCOO de Correos en Valladolid. 

Ambos incidieron en que esta empresa pública, la más grande del país, «está quedando reducida a la mínima expresión», no solo por los recortes en el medio rural, también por la externalización de servicios o el trasvase de actividad a otras empresas, como es el caso de la paquetería a la filial Correos Express, con la «asfixia financiera» que supone. Gómez y Gato también insistieron en que es la propia dirección de Correos la que está provocando este «desmantelamiento» del servicio público postal, que «afecta directamente al derecho de la ciudadanía a la recepción de correspondencia de forma accesible y asequible».