El presidente del Comité de Empresa de Auvasa, Arturo Barrul, ha explicado que trasladarán a la Dirección el planteamiento jurídico de que no existe una legislación o normativa vigente que impida que "convivan" la lista de empleo derivada del proceso selectivo de 2015, a la que pertenecen 18 conductores que actualmente trabajan como interinos, con una nueva que se obtenga del concurso convocado recientemente.
Así lo ha señalado Barrul este miércoles en declaraciones recogidas por Europa Press en las que ha avanzado que se ha convocado una reunión del Comité de Empresa este jueves, 10 de junio, en la que espera analizar propuestas ante una negociación con la Dirección de Auvasa que asegura que todavía no se ha producido ya que no tienen "noticia" de la empresa ni del gerente, Álvaro Fernández Heredia.
Barrul ha explicado, ante los mensajes por parte del alcalde, Óscar Puente, y el concejal de Movilidad y Espacio Urbano, Luis Vélez, quienes instan a los sindicatos a que planteen una solución jurídica al conflicto laboral generado tras la nueva convocatoria de un centenar de plazas de nuevos conductores, que tienen previsto responder a la empresa con un informe jurídico que respalda la posición de la representación social.
El presidente del Comité de Empresa ha defendido que "ninguna ley impide" que la lista de empleo derivada de la convocatoria de 2015, actualmente vigente y a la que pertenecen los 18 trabajadores mencionados, "conviva" con la lista que generará ahora Auvasa con el nuevo proceso.
Esto, según Barrul "proporcionaría seguridad jurídica tanto a los 18 trabajadores como a las personas que hagan el nuevo proceso y formen la nueva lista". Además, ha añadido que los afectados han consultado con gabinetes jurídicos externos que coinciden con esta visión del conflicto.
En cualquier caso, ante las afirmaciones del alcalde sobre un posible interés de los sindicatos en obtener una subida de los sueldos o pretender que se haga indefinidos ya a esas 18 personas, el sindicalista ha precisado que lo que reclama el Comité de Empresa es simplemente "que no se pierdan los derechos de estas personas que se presentaron en 2015".
Lo lógico, para los sindicatos, es que estos empleados que tienen en vigor contratos de interinidad vayan accediendo en los próximos años a las plazas de otros trabajadores que se jubilen, algo que no podrían hacer si se elimina la bolsa de empleo de 2015 y no se presentan al nuevo proceso.
En relación con el conflicto laboral y los paros parciales convocados por el Comité a partir del próximo 14 de junio, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado que ya se ha firmado el Decreto de Alcaldía por el que se establecen los servicios mínimos para la franja horaria en la que se convocan los paros --de 13.30 a 15.30 horas-- y que se sitúa en una media del 80 por ciento, con diferencias en función de las características de las líneas de Auvasa.
Barrul ha considerado estos servicios mínimos como "abusivos" en comparación con otras convocatorias de movilizaciones pasadas, y ha avanzado que cuando tengan notificación oficial de los servicios mínimos "evidentemente" presentarán un recurso.
En cualquier caso, el presidente del Comité ha subrayado la voluntad de los representantes de "sentarse a negociar", pero ha considerado "grave" que no tengan a fecha de este miércoles "noticias de la empresa", que no se mueve pese a la cercanía de la fecha en la que comenzarían los paros. "Vamos a hacer lo posible por no tener que llegar el día 14 a los paros, pero si ese día no hemos conseguido la seguridad jurídica para esos 18 empleados, estas movilizaciones se mantendrán", ha concluido Arturo Barrul.
Propuesta de UGT
Por otra parte, la sección sindical de UGT en Auvasa ha presentado una propuesta al resto del Comité, que se valorará en la reunión de este jueves y que, según su representante, Javier del Pozo, "podrá ser la solución legal a la situación actual".
Del Pozo ha valorado también la información que indica que el Ayuntamiento de Valladolid recibirá 5,8 millones de euros del anunciado Fondo de Transporte aprobado por el Gobierno de España, con lo que ha apuntado que las cuentas de la empresa quedarían "saneadas", de modo que considera que ya no habría "excusa" para negociar un nuevo convenio colectivo, pendiente desde el año 2014, cuando todavía gobernaba en el Consistorio el 'popular' Javier León de la Riva.