“Si finalmente se escolariza a los niños de 0-3 años desapareceremos”. Así de contundente se manifestó la propietaria de la guardería infantil ‘Luna Mágica’, Tulia Barrios, a la hora de valorar la iniciativa de la Junta de Castilla y León, anunciada por su presidente Alfonso Fernández Mañueco la pasada semana y que se pondría en funcionamiento a partir de septiembre de 2022 en una primera fase en la que los niños de dos años ya se incluirían en esa medida.
“Estamos muy preocupados porque entendemos que el anuncio llega en nuestro peor momento, a causa de la pandemia, en el que simplemente intentamos subsistir los que hemos logrado sobrevivir”, explicó. Unos meses en los que los empresarios de este sector “nos sentimos desprotegidos” y pese a no unirse a través de alguna asociación “mantenemos contacto a través de un grupo de Whatsapp” en el que están presentes las casi 50 guarderías privadas que existen en la capital.
Para Barrios, la puesta en marcha de escolarización de los niños de dos años “limitaría mucho nuestro trabajo” porque las aulas de esa edad suponen alrededor de un 40% de los alumnos con los que cuentan. La mayoría de las guarderías privadas cuentan con una clase para cada edad y de esta forma “una desaparecería”.
Por eso, la propietaria de esta guardería espera que “la medida no se ponga en marcha” o si se hace sea con alguna fórmula que permita su subsistencia. Por ejemplo, a través de convenios con la administración regional para que sean estas mismas guarderías las que pongan a disposición sus instalaciones y profesorado con una contraprestación económica que “directamente pague la Junta”. Un modelo que ya se utiliza con el Ayuntamiento de Valladolid que se encarga del pago de alumnos que se quedan sin plaza en sus guarderías públicas y cumplen los requisitos para acceder a ellas.
Precisamente desde la administración local, la concejala de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad, Viky Soto, coincidió con el sentimiento de “preocupación” que tienen desde las guarderías privadas. Pese a que no tienen conocimiento de cómo pretende la Junta poner en funcionamiento esta medida, Soto sospecha que “no será favoreciendo lo público”.
Es más, cree que se pretende es “dar un cheque escolar a las familias”, algo que no sería lo adecuado, según su opinión, para conseguir el objetivo de gratuidad de la escolarización de 0-3 años en todas las Comunidades Autónomas. Al menos si lo que se pretende es costear la totalidad del gasto.
“Con lo que pagan las familias en nuestras guarderías cubrimos algo menos del 50 por ciento de lo que cuesta y el resto lo pagamos desde el Ayuntamiento sin ser nuestra competencia”. Una inversión que desde su Concejalía es de 3,1 millones de euros. “Si la Junta paga directamente el coste que afrontan las familias debería de hacer lo mismo con el gasto que asumimos desde el Ayuntamiento si realmente se va a encargar de ello. Si no es así, estarían anunciando una falsa gratuidad”, añadió.
Favorecer a colegios concertados
Y aunque no tiene certeza de que pueda ser así porque no ha habido comunicación desde la Junta respecto a cómo impulsarían la medida, la edil teme que “sea una iniciativa para favorecer a los colegios concertados que cuentan con guarderías porque los públicos no tienen esa posibilidad”. Porque cree que “para los padres sería mucho más cómodo inscribir a su hijo en un colegio desde el principio para luego no tener que estar pendiente de solicitar plaza al cumplir los tres años y tener asegurada la escolarización dónde quieran”.
En ese sentido recordó que, en Valladolid, por ejemplo, hay diez guarderías públicas de la entidad local -serán 11 porque hay otra en construcción- mientras que solo cuenta con dos de la Junta de Castilla y León.