El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid, ha estimado el recurso
interpuesto por Roberto Martínez Pérez, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín, contra el decreto del alcalde Fernando de la Cal Bueno (PSOE) que le denegó el acceso a varios expedientes de contratación (decreto nº 1158 de 22 de julio de 2021).
La sentencia dictada el pasado 27 septiembre, entiende que la resolución del alcalde socialista ha vulnerado los derechos fundamentales de participación política y ejercicio del cargo de concejal del edil popular, reconocidos en el artículo 23 de la Constitución, y con ello el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de sus representantes, recordando la doctrina del Tribunal Supremo.
La sentencia obliga al Ayuntamiento a facilitar la información sobre 10 expedientes de contratación solicitados por el Portavoz del PP y al acceso a los contratos de instalación de arquetas y contadores de agua adjudicados en 2020 y 2021 y a los contratos de mantenimiento de zonas verdes y limpieza viaria, entre otros.
“Una vez examinados los contratos, podremos saber si la ocultación de información del alcalde obedece tan solo a su actitud antidemocrática o si hay algo más”, ha declarado Roberto Martínez, quien asegura que no es la primera vez que el alcalde socialista de Aldeamayor impide a los concejales de la oposición ejercer sus legítimas funciones.
Martínez afirma que durante el presente mandato, Fernando de La Cal "viene protagonizando numerosos incidentes, que han provocado varias quejas al Procurador del Común y al Comisionado de la Transparencia de Castilla y León por cuestiones similares, y la denuncia pública de su actitud despótica y nada transparente en su gestión.
Según él comunicado emitido por Martínez, en poco más de dos años, Fernando de La Cal ha reducido los ya de por sí escasos medios con los que contaba la oposición para ejercer sus funciones. "Viene denegando caprichosamente información a los concejales, incluso cuando es de libre acceso para los ciudadanos (como en el caso enjuiciado), ha vedado el acceso al registro y ha rechazado la creación de una comisión de investigación para el control de los numerosos contratos menores que compromete el equipo de gobierno.
La Justicia como último recurso
El Portavoz del PP acude a la Justicia, en defensa de los derechos reconocidos en el artículo 23 de la Constitución, después de múltiples actuaciones para exigir su cumplimiento dentro del consistorio que han resultado despreciadas por el alcalde socialista.
“Es la actitud antidemocrática del alcalde la que nos ha obligado a acudir a la Justicia, en defensa de nuestras funciones y de los derechos de los vecinos de Aldeamayor a saber cómo se gestiona su ayuntamiento”, ha destacado Roberto Martínez.
El portavoz popular pide que Fernando de La Cal "pague de su bolsillo las costas y los gastos que ha ocasionado el juicio al Ayuntamiento, para que no sean los vecinos quienes terminen pagando con sus impuestos las ilegalidades del alcalde socialista".