La magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid, que lleva las diligencias para esclarecer el presunto ‘cambiazo’ de los ataúdes por parte de El Salvador, ha accedido a la petición de la UDEV de la Policía Judicial y la Policía Nacional volverá a entrar a la sede del tanatorio El Salvador para completar el informe sobre el consumo de gas en las instalaciones.

Así se refleja en el auto fechado a 22 de octubre y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León. En el mismo, se puede leer la petición por parte del Grupo I (UDEV) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial que presenta un escrito para “proceder a la intervención en las instalaciones del nuevo tanatorio El Salvador del libro de registro de incineraciones del año 2019” para “completar el informe del consumo de gas”.

También solicitan “acceder a las bases de datos informatizas” del nuevo tanatorio El Salvador para “la realización “in situ” de una copia del archivo o archivos en los que se encuentre la relación de las incineraciones realizadas en dichas instalaciones” requiriendo a los responsables de gestionar estos datos que “faciliten el acceso a esas bases proporcionando claves o contraseñas de acceso”.

También solicitan “proceder a la intervención en las instalaciones del Cementerio Parque El Salvador del Libro Registro/dietario de incineraciones del año 2019” y “acceder a las bases de datos informatizadas para la realización de una copia del archivo o archivos en los que se encuentre la relación de las incineraciones en dichas instalaciones” y piden a los responsables del Grupo Empresarial El Salvador que “les hagan entrega del Libro registro/dietario de Incineraciones del Cementerio Parque El Salvador correspondientes al año 2017” que, añaden, “no fue hallado durante los registros llevados a cabo en las instalaciones del Grupo Empresarial” solicitando “autorización judicial para acceder al contenido de los archivos informatizados una vez realizada la copia de los mismos”.

Resolución de la jueza

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid asegura en el auto que “procede acceder a lo solicitado por el Grupo I (UDEV) de la Brigada provincial” ya que “no se trata de iniciar una nueva investigación de un periodo temporal distinto” sino “de obtener los datos necesarios para completar el consumo de gas de los hornos crematorios instalados en el nuevo tanatorio El Salvador como en el cementerio Parque El Salvador durante el periodo objeto de investigación en las presentes diligencias previas”.

Y se fundamenta, para dar el visto bueno a la solicitud, en que “se quiere llevar a cabo en el informe un estudio comparativo de los consumos de gas” solicitándose por parte del Grupo I de la UDEV ese libro de registro de incineraciones del 2017 “que no fue hallado en los registros efectuados” y el de 2019 en las dos instalaciones en las que se llevaban a cabo las incineraciones, tanto en el nuevo tanatorio El Salvador como en el cementerio Parque El Salvador.

“El año 2017 corresponde al inicio de las actuaciones judiciales por el delito de extorsión por el que fue condenado Justo Martín Garrido iniciándose las diligencias previas. En el 2019 (31 de enero) se levantó el secreto de las actuaciones y se llevaron a cabo las entradas y registros y detenciones correspondientes, con la incidencia que dichas circunstancias pudieron tener en el volumen de las incineraciones y lugar en el que se efectuaban las mismas”, señala la jueza.

Añade además que “se trata de dos periodos concretos que pueden resultar importantes para llevar a cabo una comparación con los otros periodos de los consumos de gas de las dos instalaciones” y da el visto bueno al acceso a las bases de datos solicitados por la UDEV.

“La relación de las incineraciones es una información que también resulta necesaria, idónea y proporcionada para completar el informe, sin que existan otros medios menos gravosos para lograr dicha información”, asegura la magistrada que añade que el acceso a las bases de datos se llevará a cabo por funcionarios adscritos al Grupo UDEV-1 asistidos por funcionarios especializados de la Comisaría Provincial.

Más de 6.000 afectados

La jueza de Instrucción número 6 de Valladolid investiga, desde enero de 2019, entre otras presuntas irregularidades, la supuesta sustitución de féretros por otros de menor precio antes del proceso de incineración por parte de miembros de la familia Morchón, propietaria del negocio funerario y empleados del grupo en un periodo comprendido entre los años 1995 y 2015 en el que presuntamente habría cerca de 6.000 afectados.

Ignacio Morchón Alonso, propietario del negocio y de 75 años de edad, salió en libertad provisional en junio de 2019 tras permanecer en prisión desde el 2 de febrero y tras garantizarse fianza de 800.000 euros. Sus hijos también llegaron a permanecer presos pero abonaron sus fianzas de 800.000 y 200.000 euros respectivamente para salir de prisión.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León respaldó la declaración del caso como causa compleja por corrupción, atendiendo a los casos de delitos por los que se sigue, en particular: delito fiscal y/o blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. También por la pluralidad de personas investigadas, la existencia de organización criminal, el elevado número de perjudicados, la relevancia económica de las conductas investigadas y la complejidad de la instrucción.