El Ayuntamiento de Valladolid decidió hoy, 9 de noviembre, en el Pleno Municipal, instar al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, a abrir un expediente sancionador contra la concejala de Educación, María Victoria Soto, si finalmente así lo entienden “los servicios jurídicos del Ayuntamiento, la secretaría general del Ayuntamiento o quien corresponda con un informe previo”. Una propuesta que hizo finalmente el propio regidor y que se aprobó con el voto a favor de todos los grupos.

A esta decisión se llegó, tras un intenso debate entre todas las fuerzas políticas con representación en el Consistorio, durante la moción presentada por el portavoz municipal de Vox, Javier García Bartolomé, en la que se pedía a Puente el cese de la edil por la sentencia de nulidad de los contratos de limpieza de los colegios durante la pandemia y que ha provocado un proceso judicial con una sentencia en contra del procedimiento utilizado para la contratación de las empresas que se encargaron de la limpieza.

Herrero califica al portavoz de Vox como "inquisidor y cobarde"

Durante el debate el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, Pedro Herrero, calificó al líder de Vox como “inquisidor y cobarde”, acusaciones que Herrero fundó en que “pedir el cese, antes de que se haga un expediente sancionador, hace que usted sea un inquisidor por actuar como juez antes de conocer lo que determina ese informe”. A lo que añadió que “es también un cobarde por no exigir las mismas responsabilidades dentro de su partido cuando ha habido sentencias judiciales en su contra”.

Antes el concejal de Valladolid Toma La Palabra, Alberto Bustos, defendió la labor de la concejala en el asunto porque “no fue una situación normal y los colegios tenían que limpiarse”. Es más, indicó que “en la comisión de contratación de aquellos contratos nadie se opuso a la fórmula adoptada”.

Por su parte, el concejal del Partido Popular, Alberto Gutiérrez Alberca coincidió en calificar la propuesta de García Bartolomé como “inquisitoria”. Para el edil del PP, “no hay que mezclar la sentencia del contencioso administrativo con la responsabilidad política y de buen gobierno, según exige la Ley de Transparencia”.

Incluso no aceptó que se quisiera utilizar la máxima que dice que “el fin justifica los medios”. Lo que sí aceptó es que se abriera un expediente sancionador, si finalmente así se decide, “pero no hace una condena sin juicio como pide Vox”.

En esa línea también se pronunció el portavoz de Ciudadanos, Martín Fernández Antolín, quien defendió que “la concejala debe responder, pero no condenarla sin un expediente anterior”.

Anuncio de un posible proceso judicial 

Mientras, García Bartolomé, defendió que “la sentencia dice que la actuación fue ilegal y está claro que hubo una actuación irregular”. Por ello consideró que el Equipo de Gobierno “se saltó la ley” y no admitió la premura en el tiempo como excusa porque “la Junta ya les avisó tres meses antes de que iban a tener que limpiar los colegios, pero ustedes echaron un pulso, que perdieron, y no hicieron nada”. Así, el líder de Vox anunció que su partido estudia “las posibles responsabilidades penales por prevaricación administrativa” para plantear la posibilidad de, si así lo determinase, presentar otro proceso judicial.