El jurado popular en el robo y crimen de la Plaza Circular de Valladolid delibera desde esta tarde sobre el futuro de los seis ocupantes del banquillo, quienes, inicialmente, se exponen a penas de entre prisión permanente revisable y 31 años de cárcel por delito de asesinato, como así solicitan, respectivamente, una de las acusaciones particulares y la fiscal del caso, y los 21 años de privación de libertad por homicidio doloso que interesa la otra acusación particular.

El objeto del veredicto o cuestionario al que deberá responder el jurado ha sido entregado esta mañana a las acusaciones y las seis defensas por parte del presidente del tribunal para que propusieran sus respectivas inclusiones y exclusiones.

Con posterioridad, con el cuestionario ya pergeñado de forma definitiva con más dificultades de lo previsto, después de casi seis horas, el presidente del tribunal se ha reunido con las partes de nuevo para informarles de las alegaciones tenidas en cuenta--una de ellas es aquella que recoge los padecimientos previos de la víctima-- y las que no han sido finalmente aceptadas, ante lo cual las acusacions han mostrado su total conformidad, no así las defensas, cuatro de las cuales han formulado respetuosa protesta.

Acto seguido, el objeto del veredicto ha sido puesto en manos de las cinco mujeres y cuatro varones que integran el jurado a fin de que comiencen una deliberación y votación que determinará la suerte de los encausados. Una de las integrantes ha tenido que se sustituida por una suplente debido a que este mismo miércoles será sometida a una intervención quirúrgica.

Abstraerse de medios y películas

Antes de que el jurado iniciara su encierro en la propia sala de vistas para deliberar, el presidente del tribunal y, a su vez, máximo responsable de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, Fernando Pizarro, se ha dirigido a él para, en declaraciones recogidas por Europa Press, pedirle que "se olvide de las informaciones que hayan podido recibir estos días de los medios de comunicación y también de aquellas películas que hayan podido ver sobre juicios con jurado".

El magistrado también les ha instado a que tan sólo tengan en cuenta lo "oído y escuchado" en sala a lo largo de estos días, junto con la prueba practicada", a la hora de responder al cuestionario facilitado para decidir si los hechos han sido o no probados y, sobre todo, dar una respuesta razonada, ya que en caso contrario se vería obligado a devolver el veredicto para que cumplimenten dicho razonamiento.

Concluido el trámite, el jurado ha comenzado ya, a partir de las 17.30 horas, a estudiar el cuestionario para iniciar una tarea que el presidente del tribunal les ha anticipado que será "ardua".

El juicio se inició el pasado día 2 de noviembre y se ha prolongado durante nueve jornadas, algunas de ellas en sesiones de mañana y tarde en las que, transmitidas vía streaming para los medios de comunicación, se han analizado hechos registrados el día 17 de octubre de 2018 cuando

el domicilio de la septuagenaria María A, sito en la Plaza Circular de Valladolid, fue asaltado, supuestamente, por tres varones de origen búlgaro, Antón A.M, Gabriel E.K. y Gabriel M.K, siguiendo las instrucciones que les había dado el empresario protésico vallisoletano Rubén A.R.

Este último, siempre según la hipótesis de los acusadores, con información privilegiada "del entorno familiar" de la fallecida que en principio situó como principal sospechosa a la entonces pareja del hijo de la víctima, conocía la existencia de grandes cantidades de dinero y joyas guardadas en una caja fuerte en el inmueble, así como los hábitos de la propietaria, de ahí que se concertara con el búlgaro Arso A.I, su "lugarteniente", para que éste, a través de Emil A.M, de la misma nacionalidad y en el papel de "intermediario", reclutara a otros tres compatriotas para la comisión material del robo.

El robo, sin embargo, se complicó y los tres presuntos autores del asalto acabaron con la vida de la anciana--falleció a causa de una insuficiencia cardiaca--tras golpearla y dejarla maniatada y amordazada al abandonar de forma precipitada el inmueble, sin que obtuvieran por botín más que unos anillos que arrebataron a la víctima.

Con carácter previo al asalto, Emil A.M. se habría encargado de recoger a primera hora de la mañana a los 'sicarios' en sus respectivos domicilios, Antón A.M. en la zona de Peñafiel y a los Gabriel, cuñados entre sí, en la zona de Medina de Rioseco, para trasladarles en su vehículo hasta un local de Rubén A.R. en la capital vallisoletana.

Allí, el empresario y "autor intelectual" del robo se encargaría de dar las instrucciones al resto y de aleccionarles sobre dónde tenían que buscar y cómo tenían que proceder con la moradora, a la que debían dejar inmovilizada mientras registraran el inmueble, tal y como han reconocido dos de los participantes, Antón y Gabriel E.K, únicos encausados confesos.

Captados por repetidores y cámaras 

No se podían imaginar, sin embargo, que las vigilancias realizadas el día previo al robo y los distintos movimientos y flujo de llamadas telefónicas entre los acusados el mismo día de los hechos quedarían registrados por los repetidores de telefonía móvil y distintas cámaras de seguridad instaladas en bares, supermercados y una entidad bancaria próximas al piso de la anciana.

Las imágenes de los tres asaltantes en momentos previos y posteriores al robo y el posicionamiento de los teléfonos móviles del resto, así como las grabaciones de dos de los vehículos utilizados, el de Rubén A.R, un Smart muy característico, y la Renault Scenic que conducía Emil, han sido esgrimidos por las acusaciones como principal prueba de cargo, y ello junto con la confesión de dos de ellos y la declaración de un testigo que presenció la salida del piso de los tres ejecutores.

Las defensas, sin embargo, han mantenido a lo largo del juicio la petición absolutoria de todos ellos y con carácter subsidiario o alternativo han solicitado condenas menores por delito de tentativa de robo--sostienen que los autores no llegaron a llevarse nada del domicilio, ni siquiera unos anillos de la fallecida--y otro delito de homicidio por imprudencia, aunque la defensa de Gabriel M.K. ha reducido dicho delito a unas meras lesiones con resultado de muerte.