La senadora del Grupo Parlamentario Popular por Valladolid, Mercedes Cantalapiedra, ha exigido al Gobierno de Sánchez que “se ponga a trabajar en serio y dote a los Presupuestos Generales del Estado para 2022, de partidas reales para el proyecto del Campus de la Justicia de Valladolid y compense a la ciudad por la compra del Colegio del Salvador para la construcción de dicho Campus”.

Durante el debate de una moción de los populares en el Pleno del Senado, rechazada por los votos en contra del PSOE, Mercedes Cantalapiedra se ha dirigido al senador socialista, Manuel Escarda, y le ha dicho que “menudo papelón tiene usted, que ha sido elegido por los vallisoletanos para defender sus intereses en esta Cámara y les está dejando totalmente abandonados. Menos pleitesía a Pedro Sánchez y más compromiso con su ciudad”, le ha reprochado la senadora del PP.

La senadora ha asegurado que es necesario reajustar las partidas presupuestarias para la redacción y licitación del proyecto. “Lo que queremos es que este juego que se trae Pedro Sánchez y sus ministros con el alcalde de Valladolid, los vallisoletanos y con todos los operadores jurídicos de la provincia, acabe de una vez por todas para que el proyecto esté terminado antes del año 2024”.

Así, ha explicado que su formación política ya ha presentado enmiendas a los Presupuestos para que se aumente la cuantía destinada a la Ciudad de la Justicia al millón de euros. “Si en el próximo año no contamos con esa cuantía para la redacción y adjudicación del proyecto, así como para la dirección de las obras de construcción en una primera fase, Pedro Sánchez nos estará engañando de nuevo”, ha denunciado.

Inversiones insuficientes

En su opinión, “la previsión de inversiones que reflejan los PGE para la Ciudad de la Justicia en Valladolid es a todas luces insuficiente, si lo que se quiere es agilizar el proyecto”, tras lo que ha recordado que así lo han anunciado tanto los diferentes responsables del Ministerio de Justicia que “se han paseado en estos últimos meses por Valladolid, como el alcalde socialista Óscar Puente, “que no pinta nada ni tiene el respaldo de su partido”.

Durante su intervención en el Pleno del Senado, la senadora popular por Valladolid ha recordado que este proyecto se remonta al año 2008, cuando el Poder Judicial mostró su preocupación por los problemas de espacio que existían en la sede de los juzgados, al tiempo que puso encima de la mesa la necesidad de buscar nuevos espacios para las diferentes dependencias judiciales de nueva creación.

“Esta preocupación se trasladó tanto al Ayuntamiento como al Ministerio de Justicia, que sin mayor dilación se pusieron a trabajar en lo que a partir de ese momento comenzó a denominarse Campus de la Justicia de Valladolid”, además de contar con el visto bueno del Gobierno de Zapatero y el compromiso del Ayuntamiento.

A renglón seguido, Cantalapiedra ha enumerado los siguientes pasos que se siguieron: encargar el plan director; trabajar en el expediente administrativo de la permuta, como así lo verifica el decreto de trámite por parte del Ayuntamiento de Valladolid en febrero de 2010; redactar el proyecto y la dirección de las obras de construcción de la primera fase, formalizándose el contrato en el año 2014, por un importe de 562.000 euros.

Proyecto abandonado por los socialistas

Así, ha destacado que, aunque durante los sucesivos años de Gobierno del Partido Popular, el Campus de la Justicia siempre estuvo consignado en los Presupuestos Generales del Estado, “con la llegada de los socialistas al Ayuntamiento de Valladolid, en el año 2015, este proyecto se abandonó y se optó por el entorno de los actuales juzgados, a pesar de las dificultades que encerraba”.

Además, ha denunciado que “hoy, seis años después, nos encontramos con una parcela adquirida por el Ayuntamiento por más de ocho millones de euros, sin proyecto y con unos presupuestos pírricos, en definitiva, sin Campus de la Justicia. Con estos retrasos Sánchez y Oscar Puente demuestran que consideran a Valladolid como una ciudad de tercera categoría en materia del servicio público de la administración de justicia”, ha apostillado.

Por último, Mercedes Cantalapiedra se ha referido a los serios problemas que provoca la actual dispersión de las sedes de la justicia, las malas condiciones y las deficiencias de las diferentes sedes, así como el coste de alquiler de dichas sedes, más de un millón doscientos mil euros de los bolsillos de todos los contribuyentes”, ha concluido.