La Plataforma Soterramiento Ferrocarril Valladolid ha convocado una concentración para el jueves, 20 de enero, en la avenida de Segovia, junto al túnel peatonal de Delicias, para reclamar este proyecto. Además, este sábado, 15 de enero, el colectivo instalará seis meses en distintos puntos de la ciudad para recoger firmas, tras superar ya las 10.000, y retan a un debate público al equipo de gobierno municipal, formado por el PSOE y el grupo Valladolid Toma la Palabra.

El presidente de la Plataforma, Alfonso Peña, insistió en que los túneles previstos en el denominado como proyecto de integración “no son la solución”, por lo que éste será el lema de la concentración prevista para la próxima semana. La protesta, según los organizadores, cuenta con el apoyo de nueve asociaciones vecinales, así como de la organización de hostelería, comercio y vecinos del Caño Argales.

Además, remarcó que en estos primeros meses en los que se han dedicado a desmontar la argumentación de por qué se descartaba el soterramiento, se han reunido con los grupos municipales PP, Ciudadanos y Vox y, esperan hacerlo con Toma la Palabra, mientras sin sin saber nada del PSOE. También subrayó que han mantenido contacto con organizaciones patronales, vecinales y celebrado diferentes asambleas, junto a las jornadas de hace un mes con la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Asimismo, José Luis Lara, otro de los miembros de la junta directiva de la Plataforma, explicó que los 400 millones de deuda que arrastraba la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y que llevaron a renunciar al soterramiento, se debieron a las obras ejecutadas por una empresa a la que aseguró sus socios, las administraciones, no la dotaron de los recursos financieros. En concreto, situó en 290 millones la inversión ejecutada en aquel momento y 110 los costes financieros.

Además, censuró que tras la reordenación financiera de 2017, se decidiera ceder los suelos del Páramo de San Isidro y el nuevo complejo ferroviario, así como las parcelas que ocupaba en el centro de la ciudad. A su juicio, se puede hablar de un “tipo penal” en la administración de Valladolid Alta Velocidad, aunque sin entrar en ello sí dejó claro que en su opinión los gestores llevaron a la sociedad a la insolvencia.

Un proyecto posible pese a las negativas institucionales

En su opinión, en el escenario actual es “perfectamente posible” la ejecución del soterramiento que calculan generaría unos 16.500 empleos directos e indirectos, revalorizaría los barrios situados al otro lado de la vía, en el que recordó viven 90.000 personas (30.000 familias). En concreto, apuntó que cada vivienda añadiría a su valor unos 20.000 euros y los locales, 23.000. También argumentó que los que se opinión al “austericidio” en la crisis de 2008, ahora renuncian a una inversión pública. Por ello, recalcó que los dirigentes que se oponen a soterrar las vías, qué respuesta van a dar a los ciudadanos.

Por su parte, Cecilio Vadillo, otro de los impulsores de la Plataforma, insistió en que en este momento es posible retomar el proyecto del soterramiento, como recogía la carta de ciudadanía, suscrita en 2019 por PSOE y Toma la Palabra con las asociaciones vecinales. De esta forma, lamentó que se renunciara en 2017 a esta actuación en la ciudad, porque a su juicio ahora se estaría ejecutando, como en los 16 municipios que ya han soterrado las vías o están haciéndolo o los 14 que lo estudian y que son de todos los colores políticos.

Finalmente, Vadillo defendió que los túneles no son la solución porque no son un “proyecto global” de ciudad, no lograrán el reequilibrio de rentas, no contribuye a hacer de Valladolid una ciudad más “ecológica” y “sostenible”. Además, advirtió de que los túneles no pasarían un estudio de género. También aseguró que la integración ferroviaria “va para largo” y añadió que cada dirigente tendrá que asumir su responsabilidad por las obras que se están ejecutando.