Cese o dimisión del gerente de Auvasa, Álvaro Fernández Heredia. Cualquiera de ambas decisiones le valdría al Grupo Municipal del Partido Popular tras conocerse ayer la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el que anuló el decreto del Ayuntamiento por el que se aprobó la implantación de varios carriles bici y carriles bus en la ciudad.
Así lo han defendido los concejales populares, Irene Núñez y Francisco Blanco, en una comparecencia en la que han repasado la decisión judicial haciendo culpable directamente al responsable de Auvasa como “ideólogo” del plan por el que se implantaron 21 tramos de carriles bus-taxi y dos carriles bici segregados y estableció la prohibición de circular por las calles de Cánovas del Castillo y Fray Luis de León.
Blanco ha aclarado también que, aunque desde el equipo de Gobierno se amparó en que el Pimuva de 2055 ya recogía estas actuaciones “no es verdad que eso fuera así y ha convertido a la ciudad de los quince minutos en la de los cincuenta atascos y sin contar con nadie”.
En cuanto a las justificaciones esgrimidas por el concejal de Movilidad, Luis Vélez, respecto a que la sentencia solo dice que lo aprobado por decreto tenía que haberse hecho por ordenanza siendo un mero asunto formal, Blanco subrayó que es “un problema muy grave porque supone un varapalo a la decisión que se tomó”.
Petición de evitar el recurso
Es más, aunque desde el Consistorio se ha destacado que este tiempo de acciones siempre se han aprobado por decreto y no por ordenanza, tanto en el Ayuntamiento de Valladolid como en el de resto de ciudades, el edil del PP ha recordado que “la ley está por encima de la costumbre”. Incluso hizo hincapié en que no se habría llegado a esta situación si el alcalde “nos hubiera hecho caso a las mociones o ruegos que hemos presentado en diferentes plenos”.
Por último, desde el Partido Popular, han pedido que no se recurra la sentencia “para evitar más problemas de los que ya se han provocado a los ciudadanos”. Algo que no va a suceder puesto que Vélez ya anunció ayer el recurso pertinente ante el Tribunal Superior de Justicia. La sentencia condena también al Ayuntamiento el pago de 500 euros en concepto de costas.