El pleno del Ayuntamiento de Valladolid se celebró hoy con diferentes cuestiones encima de la mesa. Unas locales, como las que, a través de mociones llevaron el PSOE, Valladolid Toma la Palabra, Ciudadanos o el Partido Popular. Y otras relativas al Gobierno central, como hizo Vox, a través de una propuesta de defensa de los ganaderos y el sector primario, así como contra la Agenda 2030.

Una de esas mociones que se envían desde las sedes nacionales de los partidos para que sus formaciones regionales, provinciales o locales hagan ruido en las instituciones correspondientes. En este caso para mantener la crítica contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón tras la polémica sobre las macrogranjas.

Evidentemente, con los votos en contra del PSOE y Valladolid Toma la Palabra decayó la moción y a partir de ahí ya sí se pasó a hablar de lo doméstico.

Primero con la propuesta presentada de forma conjunta por los dos grupos que forman el equipo de Gobierno por la que se instó a la Junta de Castilla y León al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación 3/2020, en la Orden EDU/12/2022 y en la Orden EDU/13/2022, de 11 de enero, respecto a la creación de plazas en centros públicos de educación infantil para el primer ciclo (0-3 años).

En ella contaron también con el apoyo inicial de Ciudadanos al entender su portavoz, Martín Fernández Antolín, que serviría “para que haya plazas para todos”. Eso sí, lo hizo a través de una enmienda de sustitución para quitar algunos párrafos de la moción y criticando que “se hacen peticiones a otras administraciones sin realizar todo lo que les compete”. Incluso les echó en cara la “falta de planificación” o que su moción iba “en contra de la Ley Celaa que es de sus partidos”. Como la propuesta de la formación naranja no llegó a buen puerto, finalmente se abstuvieron a la moción.

Mientras el concejal del PP, Alberto Gutiérrez Alberca, explicó que su voto sería “rotundamente no” porque “pretende traer un campo ideológico al pleno” en contra de las empresas privadas que prestan este servicio. Es más, indicó que si ese era el problema “se podían remunipalizar y pasar a ser servicio del ayuntamiento”.

En ese sentido, la concejala de Educación, María Victoria Soto aclaro que “es no se puede hacer porque las competencias de las escuelas infantiles no son del Ayuntamiento, es de la Junta de Castilla y León”.  Y defendió que el problema no era enfrentar lo público con lo privado. “Seis de cada diez niños de estas edades están atendidos por sus progenitores porque hay poco servicio público y el privado solo se lo pueden permitir unos pocos”. Finalmente, con los votos a favor del PSOE y VTLP, la moción salió adelante.

Prevenir el suicidio a través de un plan local

Tras ello, fue el turno de Ciudadanos para presentar una moción. En este caso para implantar un plan local de salud mental y prevención del suicidio, la primera causa de muerte externa en España. Parecía éste un tema sencillo para conseguir el consenso de todas las fuerzas políticas, pero no fue así. VTLP, a través de Manuel Saravia, explicó que sería mejor “introducir este asunto en el Plan de Salud municipal”. Mientras, el PSOE se opuso.

Para explicar su postura tomó la palabra José Antonio Otero quien indicó, con una explicación técnica, que mezclar salud mental y suicido tendría “muchos matices” y no podía resumirse en una moción de dos folios. La moción no salió adelante por los votos en contra de los partidos del equipo de Gobierno pese al apoyo de Cs, Partido Popular y Vox.

El siguiente asunto, presentado por el PP, fue también nacional, ya que pretendía censurar la acción del gobierno de España. Aunque para darle un toque más municipal se añadió “en perjuicio de la ciudad de Valladolid”. Para cimentar sus críticas, la presidenta del Grupo Municipal popular, Pilar del Olmo, repasó otra vez los Presupuestos Generales del Estado para pormenorizar las partidas que recibirá la ciudad y que, a su juicio, son escasas “por lo poco que pinta Óscar Puente en Ferraz y en el Gobierno”. Lo mismo que defendió el portavoz de Vox, Javier García Bartolomé quien afirmó que “el alcalde ya no está en la lista de favoritos de Pedro Sánchez”. Ambos, otra vez más, sacaron a relucir el soterramiento y la posibilidad de financiarlo con los fondos europeos. 

Además, añadieron otros diferentes proyectos e infraestructuras que, en su opinión, quedan olvidados y sin partidas suficientes para que salgan adelante.

Por VTLP fue Alberto Bustos quien defendió lo contrario. Más bien lo que hizo fue, usando un símil futbolístico, utilizar el despeje orientado. En este caso en la dirección contraria para atacar “el adelanto electoral en Castilla y León” y para sacar pecho por las “ayudas que ha recibido un tendero de mi barrio durante la pandemia, tanto del Ayuntamiento como del Gobierno de España, cuando sigue esperando las de la Junta de Castilla y León”.

Por parte del PSOE fue su portavoz Pedro Herrero quien intervino para afirmar que la moción “se argumenta desde el resentimiento”. A partir de ahí hizo un repaso de los años en que gobernó el PP en Valladolid al mismo tiempo que su partido estaba en la Moncloa preguntando, entre otras cosas “en ese tiempo se hizo el soterramiento, ¿verdad?”. Y después destacó los que, en su opinión, han sido los logros de Pedro Sánchez desde el Gobierno.

En definitiva, una batería de reproches entre todos y para todos que finalmente se saldó con el resultado esperado en la votación: no salió adelante con los votos en contra de los socialistas, VTLP y la abstención de Ciudadanos.

Solicitud de cambio en el plan de movilidad

Y por fin llegó otro asunto que sí afecta directamente a Valladolid. El también presentado por el PP para retrotraer las actuaciones en materia de movilidad al día 25 de junio de 2020. Algo que se pidió por la sentencia no firme del contencioso administrativo declarando ilegal la construcción de algunos carriles bus y carriles bici.

Francisco Blanco, edil del Partido Popular, hizo hincapié en que la justicia “ha tirado abajo el Plan de Movilidad” con su sentencia, así como que los cambios realizados “no formaban parte del Pimusva tal y como se nos decía”. Por eso pidieron “recapacitar” y empezar de nuevo.

María Sánchez, concejal de VTLP, por su parte prefirió tirar de ironía y apelar al programa infantil ‘Barrio Sésamo’ y así explicar lo que es “un defecto de forma y lo que es ilegal”. Lo hizo para recordar que el fallo se recurrirá y lo que hay que cambiar es la fórmula: ordenanza en vez de decreto. Incluso tildó de “disparate” solicitar retrotraer el plan por “un defecto de forma”.

El concejal de Movilidad, Luis Vélez, también esgrimió las mismas razones para oponerse a la moción recalcando que lo único que reprocha la sentencia es “el cauce establecido” para poner en marchas las reformas en las calles. Aún así, anunció la redacción de una ordenanza sobre este tema para evitar más problemas y regularizar la situación.

Tras el debate, la propuesta tampoco salió adelante con la negativa de PSOE y Valladolid Toma la Palabra. 

Además, se trató un asunto dictaminado por la comisión de Gobierno, Hacienda, Recursos Humanos y Promoción económica y se desestimó la alegación presentada al Presupuesto General del Ayuntamiento de Valladolid para el ejercicio 2022 y la aprobación definitiva del mismo. La votación fue favorable con 14 votos por 13 en contra.