El grupo provincial Valladolid Toma la Palabra llevará al pleno de la Diputación de Valladolid de este viernes, 25 de febrero, una moción para  instar a las entidades bancarias a dar un servicio personalizado a los colectivos más vulnerables de sufrir exclusión financiera, y a la Diputación de Valladolid a tomar medidas para luchar contra la exclusión financiera en la provincia.

En 2018 y 2019, la banca española obtuvo 15.140 y 12.250 millones de euros de beneficios, respectivamente. A pesar de estos beneficios, aplicaron planes de ajuste, cerrando sucursales, despidiendo personal y reduciendo el horario de atención a clientes particulares y PYMES. En 2020, las principales entidades del país cerraron con unas pérdidas globales de unos 5.700 millones de euros, tras destinar (eso sí) casi 12.000 millones en provisiones para protegerse de la pandemia. Sin embargo, en 2021 vuelven a las ganancias con una cifra de 10.259 millones, esperándose para 2022 un crecimiento del 28%.

Con la excusa de un mal año, han retomado con fuerza su política de recortes, que genera graves problemas a una mayoría social, especialmente, a la gente de mayor edad y de municipios rurales. A esto, por supuesto, le quieren añadir la aplicación de nuevas y elevadas comisiones, para mejorar sus cuentas anuales y subir los sueldos y pensiones de los consejos de administración. 

Estos recortes en personal y cierres de sucursales han supuesto que muchas gestiones cotidianas y necesarias no se puedan hacer en ventanilla con atención personalizada, sino que se derivan al cajero automático, en caso de seguir abierto, o la banca online. Todos conocemos cierres de sucursales bancarias en municipios de nuestra provincia sin alternativa o sustituidos por cajeros.

Esta situación provoca que amplios sectores de la población de nuestros municipios afectados por la brecha digital tenga serias dificultades para poder realizar operaciones básicas, viendo sus derechos vulnerados e indefensos para poder gestionar sus ahorros.

La Diputación de Valladolid tiene la responsabilidad y la obligación moral de prestar amparo y defensa a todos los vecinos del medio rural en estas situaciones.

No podemos olvidar que la banca nos debe 64.000 millones de euros y que sigue generando beneficios a costa de nuestras pensiones, recibos y cuentas de ahorros. Una banca que intenta vender productos tóxicos impulsados por una publicidad engañosa a las personas mayores y que se aprovecha de la situación de vulnerabilidad de este colectivo para ampliar aún más su negocio. No faltan ejemplos, como las rentas garantizadas, las hipotecas inversas, las rentas para los mayores y otros productos que sirven para enriquecer más a quién más tiene.

Hay que tener en cuenta que el índice de envejecimiento en Castilla y León alcanza ya el 200% (200 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16), lo que nos convierte en la tercera comunidad autónoma de España con mayor tasa, un 25,7% de personas mayores de 65 años. Para este alto porcentaje de población, la forma de gestión que están imponiendo los bancos provoca exclusión financiera, ya que 2 de cada 3 españoles mayores de 65 años no utilizan Internet, y el hecho de no poder manejar su propio dinero les pone en una situación de gran vulnerabilidad.

El Banco de España advierte de que «las personas mayores y aquellas con bajo nivel de renta o con algún tipo de discapacidad son las más perjudicadas» por este proceso de continua digitalización, y que «podría dificultar el acceso a efectivo del segmento de población que lo usa como medio de pago principal o único».

Necesitamos y merecemos un servicio justo y digno de atención personalizada para los colectivos vulnerables de los municipios de nuestra provincia. 

Por todo lo anteriormente expuesto, Toma la Palabra pide a la Diputación de Valladolid:

PRIMERO.- Instar a las entidades financieras a dotarse de los recursos necesarios para atender de forma presencial personalizada en ventanilla a la población, ofreciendo un servicio adecuado durante todo el horario de oficina en función de las necesidades de los usuarios. En especial, a la gente mayor que tiene que realizar gestiones cotidianas, como el pago de recibos o el retiro de efectivo, y no puede acceder a las gestiones online.

SEGUNDO.- Pedimos a la banca en general que elimine el cobro de comisiones de mantenimiento a las personas pensionistas y colectivos vulnerables y se centre en ofrecer servicios de calidad especializados para atender las diferentes necesidades y poder, así, dar respuesta a cada persona usuaria.

TERCERO.- Instamos a las entidades bancarias a dar la información adecuada, legal y transparente sobre los servicios y productos que ofertan a las personas.

CUARTO.- Que la Diputación de Valladolid elabore un código de buenas prácticas para firmar con las entidades bancarias que operan en los municipios de la provincia para atender de forma presencial y personalizada a la población, especialmente, a aquella vulnerable frente a la brecha digital, facilitándole el acceso a sus cuentas de ahorro de forma sencilla.

QUINTO.- Que la Diputación de Valladolid se comprometa, en función de las posibilidades legales, a dejar de operar y trabajar con aquellas entidades que no atiendan de forma adecuada a nuestros vecinos y vecinas, especialmente, a la gente afectada por la brecha digital.

SEXTO.- Que la Diputación de Valladolid cree una Oficina Técnica del Mayor como servicio específico de acompañamiento digital para gestiones bancarias, dirigido a las personas mayores que no tengan la posibilidad de aprender por sí mismas el manejo de estas herramientas o no cuenten con una oficina bancaria en su municipio. Dicho servicio debería atender también casos de asistencia domiciliaria.

SÉPTIMO.- Dar traslado de esta propuesta al Ministerio de Consumo, al Ministerio de Hacienda, a la Federación Española de Municipios y Provincias, a la Junta de Castilla y León y a las entidades financieras que operan en los municipios de nuestra provincia.