El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid aprobó hoy el Plan de Mejora de la Calidad del Aire, estrategia en la que se incluye la Zona Baja de Emisiones, con los votos a favor de PSOE y Valladolid Toma la Palabra, y en contra de los grupos de la oposición -PP, Ciudadanos y Vox-, que acusaron el equipo de gobierno de convertir su implantación en una cuestión ideológica, además de advertir que será un duro golpe para el pequeño comercio.

Esta ZBE, delimitada por el Puente Mayor, calle Juana de Castilla, calle Arzobispo José Delicado, paseo del Hospital Militar, paseo Arco de Ladrillo, calle Santa Fe, paseo Farnesio, avenida de Segovia, túnel de labradores, calle de la Vía, calle Unión, calle Nicasio Pérez, plaza de San Juan, calle Huelga, calle Real De Burgos, calle Chancillería, calle Gondomar, Rondilla de Santa Teresa, calle Mirabel y plaza de San Nicolás, comenzará funcionar en el segundo semestre de 2023, cuando solo podrán circular los vehículos con distintivos cero, eco, C y B, mientras que a partir de enero de 2025 se eliminarán los distintivos B. El último paso se dará en 2030, cuando solo podrán circular los vehículos cero o eco.

El alcalde, Óscar Puente, que calificó el debate de “histórico”, hizo un paralelismo con la aprobación de las zonas de bajas emisiones y ley que prohibió fumar en el interior de los bares, y aseguró que el paso del tiempo ha demostrado falsos todos los argumentos que entonces aseguraban que la ley supondría un duro golpe a la hostelería, dado que no se perdieron ni empleos ni ingresos.

A su vez, aseguró que los argumentos utilizados por los grupos de la oposición en el pleno para oponerse a la Zona de Bajas Emisiones se convertirán dentro de unos años en “fósiles”, y recordó que un año después de la aplicación de la ley antitabaco se redujo la venta de cigarrillos un 41 por ciento, un 22 por ciento el número de fumadores y en un 17 por ciento los ingresos hospitalarios por infartos.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Pilar del Olmo, aseveró que la puesta en marcha de la Zona Baja de Emisiones es una mera “cuestión ideológica que pretende dar soluciones a un problema que no existe”, y lamentó la falta de diálogo con las asociaciones de comerciantes.

Además, Del Olmo aseguró que su aplicación supondrá un gasto extra para muchas familias, que tendrán que cambiar de vehículo, “algo que, sin duda, perjudicará especialmente a las rentas bajas y medias”, y lamentó que no se tenga en cuenta el incremento de puntos de recarga para los coches eléctricos e híbridos. La falta de aparcamientos disuasorios y las deficiencias del transporte metropolitano fueron otros argumentos utilizados por Del Olmo, que reclamó al equipo de gobierno que escuche a los afectados.

En este sentido, el concejal popular Alberto Gutiérrez acusó al equipo de gobierno de optar por la opción más radical y aceptar las alegaciones de “sus asambleas satélites” para duplicar la Zona Básica de Emisiones.

“Trampas”

Desde Ciudadanos, su portavoz, Martín Fernández Antolín, acusó a la concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Sánchez, de “cambiar las reglas del juego a mitad de la partida y de hacer trampas”, al ampliar la Zona Baja de Emisiones con lo previsto inicialmente, a la vez que aseguró que parece estar defendiendo los intereses de las grandes superficies, “dado que su propuesta es insostenible para el comercio de proximidad”. Al mismo tiempo, también advirtió de los problemas a los que se tendrán que enfrentar muchas familias al tener que renovar su vehículo, y advirtió que el “mayor palo” se lo llevarán las personas que viven en la zonas limítrofes a la Zona Baja de Emisiones.

Desde Vox, que presentó una moción para rechazar la Zona Baja de Emisiones presentada por el equipo de gobierno, propuesta que fue rechazada por con los votos en contra de PSOE y Valladolid Toma la Palabra y a favor del resto de grupos, su concejal Javier García Bartolomé, acusó al equipo de gobierno de cambiar en el último de momento la Zona Baja de Emisiones y de doblar su superficie, a la vez que argumentó que se trata de una medida que no tiene en cuenta la salud de los vallisoletanos y que crea un problema de forma artificial debido a una “aberración ideológica” y querer establecer una política de “ecologistas de salón” evitando 100.000 desplazamientos diarios.

A su vez, indicó que no tiene sentido establecer esta Zona Baja de Emisiones cuando el propio Ayuntamiento reconoce en su Plan de Calidad del Aire que la ciudad no tiene ningún problema de contaminación. Además, indicó que la reducción de contaminantes se reduce a un 3% de CO2, un 4% de óxido de nitrógeno y un 5% de partículas en suspensión.

“Negacionismo”

Mientras tanto, el concejal de Movilidad y Espacio Urbano, Luis Vélez, acusó a Vox de intentar hacer un ejercicio de “negacionismo” con su moción, a la vez de negar la evidencia del cambio climático. A su vez, también argumentó que con la Zona Baja de Emisiones, que ya se está aplicando en las principales ciudades de España y Europa, se trata del cumplir de la Ley del Cambio Climático y la normativa europea al respecto.

“Valladolid está haciendo sus deberes sin demagogia, pensando en el futuro y con plazos amplios de implantación que nos permitirá hacer mucha pedagogía y adaptarnos al nuevo escenario”, aseveró Vélez.

A su vez, la concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Sánchez, negó que este plan tenga una repercusión negativa para el comercio de proximidad y recordó que la puesta en marcha de ‘Madrid central’ en 2018 supuso que el gasto comercial se incrementara un 8,6% en esta zona, a la vez que anunció que el próximo día 7 mantendrá una negociación con Fecosva.

Sánchez también recordó que el proyecto, que fue explicado a todos los grupos políticos, contará con tres fases de participación diferentes, y que también se podrán presentar alegaciones, tanto en la fase previa a la aprobación de la ordenanza que regule la Zona Baja de Emisiones, como una vez que se produzca su aprobación.

Por último, indicó que la puesta en marcha de esta zona cuenta con una ayuda de 1,3 millones de euros de los fondos de recuperación de la Unión Europea.