ASAJA Valladolid continúa trabajando por encontrar una solución a la plaga de conejos que afecta a la provincia de Valladolid. Ayer, esta organización junto con otros colectivos y organizaciones, mantuvo una reunión con la Delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, para abordar qué soluciones se pueden poner en práctica para acabar con este preocupante problema para agricultores y la salud de las personas del medio rural.

ASAJA Valladolid reclamó a Barcones que Fomento y ADIF indemnicen a los agricultores por los daños que los conejos están causando en sus explotaciones. “Tienen que responsabilizarse de los daños que causan estos animales porque no han puesto los medios necesarios en sus terrenos para impedir que estos mamíferos pasen a las tierras de los agricultores y arrasen sus cultivos”, explica Juan Ramón Alonso, Presidente de ASAJA Valladolid.

ASAJA Valladolid cree que, aunque tarde, si es necesario reforzar todo el vallado, como propone la Delegación del Gobierno de Castilla y León, con más “mallas conejeras” que “blinden” los bordes de carreteras y autovías para impedir que estos animales lleguen a los cultivos de unos agricultores que con la crisis de Ucrania son más importantes que nunca. “Una medida que llega tarde y que, si se hubiera tomado antes y con mayor responsabilidad y contundencia, se hubiera evitado gran parte de los daños”, aseguró Alonso.

ASAJA Valladolid pide que este refuerzo con más mallas en los bordes de autovías y vías de tren comience en las zonas más graves. “En concreto los bordes de las autovías A-11 y A6 y toda la zona que abarca desde Tordesillas hasta Valladolid y desde esta ciudad hasta Palencia, donde la situación es alarmante”, señala el presidente de ASAJA Valladolid.

Una medida necesaria pero que tiene que venir acompañada de otras, como indemnizaciones y permisos de caza con hurón de estos animales permanentes para controlar de forma sostenible la población de estos animales.

ASAJA Valladolid reitera una vez más que es una vergüenza y una injusticia, que los agricultores desesperados para defenderse de una situación tan injusta, se vean obligados a meterse, por la inanición de estas Administraciones, en un proceso judicial contra Fomento y ADIF que ronda de media unos 13.000 euros y que se alarga durante varios años, aunque al final ganen la sentencia.