Nueva años de instrucción, nueve años para recopilar datos de unos hechos que se produjeron hace 14 años y…no han servido para nada. Finalmente el famoso Caso Perla Negra, la compra del edificio de la Consejería de Economía en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), que estaba previsto para 23 días volverá al Juzgado de Instrucción 2, al sostener la Audiencia Provincial que la documentación que han recibido los letrados de la defensa es «incompleta» y carece además de la certificación de entrega de la letrada de justicia.
Unas cuestiones previas planteadas por los defensores de los 12 acusados que ha motivado que el presidente del tribunal de la Audiencia suspendiera ayer la primera sesión del juicio por el presunto caso de corrupción para deliberar. Y una vez deliberado, la decisión es devolver el caso al Juzgado de Instrucción número 2 al momento inmediatamente anterior a las diligencias de ordenación de 14 de enero de 2020. Entre ellos buscar el CD con el fin de incorporarlo y hacer entrega a las partes. Además se da un plazo de diez días para que presenten documentación o archivos sobre lo que no se les haya entregado. Posteriormente volverá a los cauces normales, es decir, que el Caso Perla Negra vuelve al punto de partida. Un juicio en el que íbamos a ver desfilar por primera vez a un presidente regional como Juan Vicente Herrera como testigo.
Ayer la mayoría de los abogados de la defensa protestaron por no haber contado con las mismas herramientas la hora de elaborar sus escritos de defensa. Por ejemplo la falta de acceso que han tenido a archivos que en algunos casos son básicos para los escritos de defensa. Como por ejemplo un CD que no ha sido entregado a todas las partes ni "hallado para la causa", según el juez de la Audiencia. Además, se quejaron "de falta de concreción" en los hechos delictivos sobre sus representados y de dilaciones, algo que les invitó a pedir que se cerrara el caso como en el caso del que fuera viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, y la ex viceconsejera Begoña Hernández. En este caso el magistrado se na hegado.
¿Cuándo se puede celebrar?
Esta medida extiende de nuevo la celebración del juicio por espacio de varios meses. Y habrá que buscar hueco en el palacio de Justicia de Valladolid para un nuevo juicio con 23 sesiones, algo que no es fácil de encontrar en la agenda. El inicio del auto tuvo lugar el 23 de octubre de 2013 y nueve años después seguimos en el mismo punto de partida. Ahora, la espera que se dicte el auto sobre esta decisión, también ordenó que se una vez entregada toda la documentación, se dé a las defensas un plazo de diez días para que presenten sus conclusiones. Según fuentes judiciales consultadas por este periódico, no hay una previsión de reanudación, de manera genérica se habla de que "puede tardar meses".
Un juicio por la compra del edificio de la Consejería de Economía en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y donde se intuyen delitos de prevaricación, cohecho, revelación y violación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración, delitos que se habrían cometido entre 2005 y 2011. Un edificio que tenía una previsión de coste de 50 millones y por el que finalmente se pagó casi 70 millones de euros.
El juicio del Procedimiento Abreviado iba a tener lugar en la sala de vistas de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial del Palacio de Justicia de Valladolid los días 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 y 31 de marzo, y 4, 5, 6, 7, 11, 12, 25, 26, 27, 28 y 29 de abril a las 10:00 horas. Pocos juicios se recuerdan que se hayan extendido tanto en el tiempo.
Además, la previsión era que las declaraciones de los acusados comenzaran el día 14 y concluyeran el día 17 de marzo. Posteriormente, comparecerían los 92 testigos y peritos propuestos por las diferentes partes, comenzando por las acusaciones y terminando por las defensas. Tras ellos, tendrán lugar las pruebas documentales, las conclusiones definitivas, los informes de las partes y la última palabra de los acusados.
Penas
Las peticiones de cárcel oscilan entre los 79 en su conjunto que pide Fiscalía para los doce imputados, los 221 interesados por el Partido Socialista de Castilla y León, como acusación popular, y los 20 años que globalmente pide la Junta, en calidad de acusación particular, para ocho de los encausados.
Por su parte, en el caso de la Fiscalía, las penas más elevadas se solicitan para la entonces cúpula de la Consejería de Economía integrada por los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y el ex consejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, a razón de 11 años de privación de libertad para cada uno de ellos.