El Sáhara Occidental fue colonia española desde 1885 hasta 1975, llegando a ser la provincia 53 del país en 1958. Pese a que fue ocupada por Marruecos en 1975, con la resistencia del Frente Polisario, España no ha dejado de ser considerada potencia administradora de un territorio pendiente de descolonización por parte de las Naciones Unidas. En 1991, tras la guerra, ambas partes firmaron un alto el fuego con la intención de celebrar un referéndum de autodeterminación.

Sin embargo, dicho referéndum, después de 30 años, sigue sin celebrarse. Además, Marruecos ha cambiado desde 2005 su postura para pasar a ofrecer una autonomía para el Sáhara, contraviniendo la legislación internacional que se ha pronunciado en incontables resoluciones de las Naciones Unidas en favor de un referéndum de autodeterminación.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) manifestó en su decisión del 10 de diciembre de 2015 que el Sáhara Occidental «no está incluido dentro de las fronteras internacionales reconocidas de Marruecos» (punto 232), que «el Reino de Marruecos no tiene ningún mandato de las Naciones Unidas o de otro organismo internacional para administrar el Sáhara Occidental» (punto 233) y que «la soberanía del Reino de Marruecos sobre el Sáhara Occidental es nula y no está reconocida por la UE ni por sus estados miembros, ni por las Naciones Unidas» (punto 241). Esta sentencia volvió a ser ratificada por el TJUE el 29 de septiembre de 2021 de manera muy clara: «Los territorios del Sáhara Occidental son diferentes a los de Marruecos y el beneficio de sus actividades económicas debe recaer en su pueblo».

Ante una situación que merece un enfoque amplio, responsable y de diálogo dentro de las líneas marcadas por las Naciones Unidas, la posición del Gobierno de España ha de ser de clara neutralidad. De hecho, esa postura de neutralidad para mediar entre las partes llevó a España a integrar el Grupo de Amigos del Sáhara Occidental en las Naciones Unidas junto con cuatro de los cinco países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Cualquier solución que se busque al conflicto debe cumplir con lo recogido en la Resolución 2602 del Consejo de Seguridad de la ONU de 29 de octubre de 2021, reafirmándose en el compromiso de alcanzar una política justa, duradera y aceptable para todas las partes implicadas.

Sin embargo, la posición expresada por el presidente del Gobierno de España va en contra de todo lo anteriormente expuesto y refuerza la postura que busca Marruecos para ese territorio. Esta nueva postura rompe el consenso internacional expresado por las Naciones Unidas, la Unión Africana o el Tribunal de Justicia Europeo, que reiteradamente han defendido que Marruecos no tiene ninguna soberanía sobre el Sáhara Occidental.

El apoyo anunciado por el presidente del Gobierno de España al Plan de Marruecos para el Sáhara Occidental rompe con la postura histórica de nuestro país, una solución que no representa el consenso del Gobierno ni del pueblo español en torno a la neutralidad en este conflicto y traiciona al propio pueblo saharaui y a la sociedad española, contraviniendo el derecho internacional y abonando el ambiente de inestabilidad que afecta a dicha zona.

La ilegal ocupación marroquí del territorio saharaui no solo viola el derecho internacional, sino que ataca constantemente los derechos humanos de la población del Sáhara Occidental que vive bajo su ocupación. El plan de autonomía para el Sáhara Occidental dentro del Reino de Marruecos ignora que durante los últimos 47 años las autoridades marroquíes han reprimido sistemáticamente cualquier movimiento por los derechos del pueblo saharaui y sus líderes han sido encarcelados o desaparecidos.

Por todo lo anteriormente expuesto, Valladolid Toma la Palabra ha pedido a la Diputación:

PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a retirar su apoyo al Plan de Marruecos para el Sáhara Occidental y posicionarse de nuevo con el conjunto de las resoluciones de las Naciones Unidas, que buscan una solución política justa, duradera y aceptable para ambas partes que incluya un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui.

SEGUNDO.- Que la Diputación de Valladolid respalde una posición por parte del Gobierno de España de total neutralidad en este conflicto y rechace el apoyo del Gobierno de España al Plan de Marruecos para el Sáhara Occidental.

TERCERO.- Que la Diputación de Valladolid se comprometa a mantener el convenio de colaboración con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui y a estudiar nuevas formas de solidaridad, envío de ayuda humanitaria y acogida de sus niños y niñas.

CUARTO.- Que la Diputación de Valladolid dé traslado de estos acuerdos a las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado) y al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.