La Policía Nacional, en el marco de la operación 'Saigo', ha detenido el pasado 27 de abril a un varón de origen marroquí de 40 años de edad con un antecedente policial de diversa naturaleza, como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores y un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Investigación
La Policía Nacional inició la investigación durante los meses de febrero y marzo de este año centrando las pesquisas en un empresario que reside en la ciudad de Valladolid desde hace más de diez años y que constituyó una empresa individual en el año 2013 para dedicarse a la prestación de servicios en el ámbito agrícola. Concretamente proporcionaba mano de obra para la realización de labores agrícolas intermediando muchas veces entre los jornaleros y los propietarios de las fincas.
Para ello localizaba y contactaba con posibles trabajadores en diferentes puntos de
España y los integraba en cuadrillas formadas por ciudadanos extranjeros en situación irregular asegurándose así la sumisión a las condiciones laborales impuestas, al tratarse de personas en situación de necesidad o vulnerabilidad por no poder acceder a un empleo legal remunerado.
Al mismo tiempo con el objetivo de evitar ser detectado en las contrataciones ilícitas, utilizaba la documentación de trabajadores extranjeros en situación regular para que los trabajadores irregulares sin contrato laboral se hicieran pasar por ellos en caso de inspección de las autoridades.
Jornadas maratonianas de más de 10 horas diarias
Las víctimas realizaban jornadas maratonianas de más de 10 horas diarias, llegando
incluso a trabajar de noche si la prestación del servicio agrícola lo requería. No tenían derecho a descansos ni vacaciones. En la misma vivienda convivían hasta cuarenta personas hacinadas en condiciones insalubres sin luz eléctrica e incluso dormían en colchones sobre el suelo.
La Tesorería General de la Seguridad Social de Valladolid y las Inspecciones
Provinciales de Trabajo de Valladolid y Ávila habían realizado numerosas actuaciones
con la empresa unipersonal del detenido, por lo que en el año 2021 el encartado
constituyó una nueva Sociedad Limitada figurando como socio y administrador único
pero dedicándose a la misma actividad bajo otra denominación con la finalidad de tratar de eludir la actuación inspectora.
Facturación de más de 300.000 euros
El detenido aumentaba exponencialmente su beneficio económico por no cubrir el pago de sus trabajadores a los que solo entregaba mínimas cantidades de dinero para poder subsistir. En algunos casos llegó a adeudar a los trabajadores importes que ascendían a más de 4.000 euros. Las gestiones de investigación concluyeron que la nueva empresa del detenido ha facturado más de 300.000 euros.
El detenido, tras prestar declaración en dependencias policiales, fue puesto en libertad con cargos. La operación ha sido realizada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Valladolid.