Soterramiento sí o soterramiento no. Esa es la cuestión sobre la que se cierne y centra el principal tema político, social y económico de la ciudad de Valladolid. Un debate que llena las paredes del Ayuntamiento desde que en los años 80, con la ampliación urbanística de la ciudad, se empezase a plantear como afrontar la disolución de una barrera arquitectónica como eran y son las vías del tren. No fue hasta 2002 cuando todos los grupos políticos lograron un consenso casi unánime. Entonces, 28 de los 29 concejales del consistorio votaron a favor del soterramiento, con la salvedad del edil de Izquierda Unida que se abstuvo.

Lo que no se sabía en aquel momento era la tormenta de infortunios que estaba por venir. Se creó la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, que está formada por el Ministerio de Fomento, a través de Adif y Renfe, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid. En 2010 se aprobó el denominado plan Rogers, que basaba la financiación del macroproyecto en la venta inmobiliaria de los terrenos que iban a quedar liberados tras enterrar las vías.

En 2015, con el relevo en el Gobierno municipal que pasó de las manos del PP a las del PSOE y Valladolid Toma la Palabra, el soterramiento seguía siendo la opción elegida por los gestores de la ciudad, ya que existía el consenso político y social. “Hicimos muchísimos viajes a Madrid para intentar ver alternativas de financiación e intentar rebajar algunos costes”, señala a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León el teniente de alcalde Manuel Saravia.

Pero todo se truncó en el último Consejo de Gobierno de diciembre de 2016 de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. Aquel día, Saravia viajó hasta la capital española con una propuesta con la que financiar el soterramiento elaborada en su departamento, pero el presidente de Adif planteó que en la situación en la que se estaba “era imposible seguir adelante”. “De hecho, pidió liquidar la sociedad e ir a concurso de acreedores”, recuerda Saravia.

Un hecho que hubiera sido una “catástrofe horrible” y que hubiera implicado hacer una entrega de “60/70 millones para nada”. “Ese fue el momento crítico en el cual adoptamos una decisión responsable que era intentar llegar a un acuerdo con Adif y Renfe, que se hiciesen cargo de la deuda de 400 millones que se debía entonces a los bancos, y se revisase toda la operación que era carísima”, relata el edil de Valladolid Toma la Palabra.

A raíz de ello, nació la opción de la integración ferroviaria en superficie que planteaba enterrar, esta vez, el soterramiento y apostar por las pasarelas y túneles por debajo de las vías. “Finalmente se llegó a un convenio que es bueno porque consigue una mejor permeabilidad, mejora la estación y se crea una nueva de autobuses, saca los trenes de mercancías a la variante, el nuevo complejo ferroviario y concluir los talleres nuevos. Era una solución responsable y buena para la ciudad”, asevera el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid, que explica que las “dos soluciones”, bien soterrando o bien por pasos inferiores y superiores, “son buenas ambas”.

Las plataformas vecinales no tardaron en proliferar en esta nube de descontento y desconcierto ante la renuncia a la obra arquitectónica más importante en la historia reciente de Valladolid. “Con la propuesta de integración no se suprimen las barreras y van creando otras añadidas que afectan, sobre todo, a las personas con dificultad en la movilidad”, denuncia Alfonso Peña, presidente de la Plataforma por el Soterramiento. Además, este movimiento social tiene claro que el muro es “una de las razones” que provocan “el desequilibrio” entre la zona sur y oeste y la norte y este. “Las grandes inversiones públicas y privadas van hacia la zona sur y oeste, mientras en la norte y este seguimos viendo pasar el tren”, insiste Alfonso.

Por su parte, Saravia defiende que “no es cierto” que el ferrocarril divida la ciudad en barrios ricos y pobres. “El supuestamente lado malo tiene mayor renta que el supuestamente bueno. Eso ha sido un argumento reiterado”, aclara.

La cruzada no ha cesado desde entonces. Una guerra de posiciones muy diferenciadas. Por un lado, el Ayuntamiento de Valladolid y su apuesta por la integración ferroviaria en superficie. Por el otro, el Grupo Municipal del PP y la Plataforma, que en varias ocasiones han mostrado su punto de mira común en este sentido.

Un tercer actor es el Ministerio de Fomento, a través de Adif y Renfe, que forma parte de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y que, tras la situación crítica de la misma en 2016, ha fijado una posición favorable a la apuesta del Ayuntamiento. Luego está la Junta de Castilla y León, que siempre ha mantenido un carácter neutro dentro de la sociedad e, incluso, su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, declaraba hace pocas semanas que el Ejecutivo Autonómico “participa financieramente, pero no condiciona el modelo”.

Sin embargo, a nivel de partido, los procuradores del PP en las Cortes de Castilla y León han sopesado en alguna ocasión llevar el apoyo al soterramiento a la Cámara, algo que, en principio, no preocupa, al menos de momento, al consistorio vallisoletano. “Implicaría que hay que rehacer el convenio. Es algo firmado entre Ministerio de Fomento, Junta y Ayuntamiento y hay unos compromisos, si quieren romperlo no es tan fácil, tiene unas consecuencias económicas, jurídicas y políticas. Si están dispuestos a replantearlo que lo hagan, pero es una cuestión de responsabilidad”, asevera Manuel Saravia.

Precisamente, esa posición de interrogante actual viene provocada por la formación del nuevo Gobierno regional, ahora entre PP y Vox, ya que estos últimos han mostrado activamente su posición favorable a enterrar las vías e incluso el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, llegó a participar en una concentración en pro del proyecto hoy desechado.

Esa afinidad en las posturas, ha llevado a reunirse a los procuradores populares de Valladolid, al portavoz de la Junta y a la plataforma hace unas semanas. Un encuentro en el que Alfonso les insistió que el compromiso de sus homólogos a nivel municipal, también debe llevarse a nivel autonómico. “Poco a poco vamos avanzando, nosotros sí que exigimos a todas las administraciones implicadas un mayor compromiso con nuestra propuesta”, señala el presidente de la Plataforma a la vez que recuerda que “ni Ayuntamiento ni Subdelegación del Gobierno han sido capaces” de recibirles.

Ahora bien, desde la plataforma aseguran que no tienen una relación estrecha “ni con el PP, ni PSOE, ni Izquierda Unida, ni nadie”, sino que, simplemente, su objetivo es que “se retome el soterramiento”. “Si el Partido Popular quiere apoyar nuestra tesis será bienvenido. Es una ocasión que la ciudad no se puede permitir perder”, aclara Alfonso Peña.

Por otro lado, el vicepresidente de la Plataforma por el Soterramiento, José Luis Lara, defiende que el cuadro financiero que ellos manejan para llevar a cabo el macroproyecto implicaría una inversión de “1.100 millones de euros para el conjunto de las obras”. “Esto tiene un capítulo de ingresos que son 800 millones de euros en la venta de suelos valorados por la Sociedad Pública de Tasación y adicionalmente había una partida de 180 millones que Adif se comprometió a incorporar en el convenio de 2017, con lo que se llegaba a 980 millones ¿Cuánto faltaba para cubrir los costes estimados? 71,6 millones a repartir, en el caso del Ayuntamiento un 25%, que eran aproximadamente 17,5 millones”, reivindican.

"En Europa no se soterra"

Manuel Saravia insiste en que en Europa no se soterra. “Vas a Burdeos y ves las vías en superficie, vas a Utrecht e igual ¿Por qué no se soterra si es tan buena solución, la única al parecer? Porque no es tan imprescindible, pero en España hemos entrado en un bucle de agravios comparativos que parece que si no se hace el soterramiento es terrible”, aclara el concejal del consistorio vallisoletano.

Precisamente, ese alud de comparaciones es el que oposición y plataforma han utilizado en reiteradas ocasiones, como el argumento de Murcia, donde sí se ha optado por el soterramiento. En este sentido, Saravia insiste en que “no se puede comparar situaciones que no son comparables”. “Allí se ha hecho un falso túnel, aquí habría que hacerlo con una tuneladora a 18 metros por debajo y habría que ir por debajo del Esgueva, es muchísimo más caro. Además, en Murcia empezaban con 0 de deuda, aquí con -400 millones. Son situaciones muy diferentes”, defiende el teniente de alcalde.

Una deuda que es un “cuento chino”, según José Luis Lara, que explica que esta se debe a la construcción de los nuevos talleres de Renfe, gran parte de la variante de mercancías, soterramiento del Pinar de Antequera y San Cristóbal y “financiación de todas estas obras a crédito porque han hecho una gestión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad que no han puesto un duro a lo largo del proceso”. “En el convenio de 2017 se tomó alguna decisión sensata como fue que esa deuda la asumieran los beneficiarios directos de la misma, Adif y Renfe, que se hicieron cargo de ella y que ha dejado de ser una deuda jurídicamente exigible y pasa a ser un acuerdo en el interior de la sociedad por el cual recuperaran ese dinero a medida que se vaya vendiendo suelo. No hay ninguna prisa, no hay plazo, financieramente no es ningún problema y lo saben, lo han reconocido en los documentos de la sociedad que han llevado al último Consejo donde dicen escrito negro sobre blanco que esa deuda está saldada”, denuncia el vicepresidente de la Plataforma.

El PP Municipal desenterró el debate

A pesar de todo esto, el Grupo Municipal del PP decidió abandonar la idea o, al menos, seguir con el debate tras las elecciones de 2019. En las cuales el PSOE y Valladolid Toma la Palabra revalidaron mandato en unos comicios marcados por el soterramiento como tema central de los programas electorales.

Sin embargo, a los dos años decidieron volver a cargar contra Óscar Puente y su equipo. “Pilar del Olmo dijo que habían visto el resultado, lo sabían leer y por lo tanto no iban a perder el tiempo en debates estériles, porque asumían que esa era una propuesta legítima y que se había debatido mil veces. Al cabo de año y medio o dos empezaron a pensar que podía serles útil recuperar el debate simplemente para presionar al equipo de Gobierno”, matiza Manuel Saravia.

Un sinfín de acusaciones por "mentiras" que ha acabado en un debate circular sobre una misma cuestión. Por un lado, el Ayuntamiento defendiéndose de los ataques sin querer echar más leña al fuego. Y en el otro lado de la contienda a la oposición liderada por Pilar Del Olmo y a la plataforma convencidos de la viabilidad del soterramiento.

En definitiva, un cuento de nunca acabar que ha provocado una segunda cicatriz, esta vez ideológica en vez de física, entre los habitantes de la ciudad de Valladolid.