La financiación de la ayuda domicilio en Valladolid sigue estancada, así lo ha asegurado la concejala de Servicios Sociales y Mediación Comunitaria, Rafaela Romero, quien el lunes mantuvo una reunión con técnicos de la gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León ante la ausencia del gerente por "motivos personales". "La propuesta que han hecho es absolutamente insostenible", ha asegurado.

Una propuesta que asciende en 1,3 millones de euros, en contraposición a los 3,7 millones que aporta el Ayuntamiento y que va en contra de lo que dicta la ley, ya que esta establece que el Ejecutivo Autonómico se haga cargo del 90% de la financiación. "Con esta nueva propuesta el consistorio sigue aportando un 45%, y estos es insostenible", ha afirmado con rotundidad Rafaela Romero.

La concejala ha hecho referencia a la "demanda creciente" del servicio y ha hecho un llamamiento a llevar a cabo "una revisión" del sistema de dependencia y de como se financia. "Las entidades locales y el Ayuntamiento estamos en estos momentos al límite de lo que podemos poner", ha reiterado.

Y es que para Rafaela Romero es momento de buscar "otra soluciones", ya que desde la Junta "siempre argumentan" que hay otra opción que es la de acceder a "la prestación vinculada", pero la "experiencia" dice que las personas prefieren estar en "las listas de espera del Ayuntamiento". "Con la importante aportación que hacemos no hay listas de espera, pero les hemos dicho que no sabemos cuánto tiempo más podemos soportar esta presión asistencial", ha aseverado.

En la actualidad el servicio a domicilio atiende a "casi 5.500 personas al año", de las que 2.500 son mayores de 80 años. "Eso significa que en las revisiones de dependencia cada vez empeora más su situación y se incrementan las horas de atención", ha explicado la concejala, que ha señalado que el volumen de trabajadoras es "cercano a 1.000".

"Cuesta sostenerlo a pesar de que seguimos aportando novedades como la app para que la familia pueda hacer el seguimiento y las nuevas formas de organizar el servicio más autogestionado por parte de las trabajadoras. Hay que hacer una revisión porque las entidades locales no pueden seguir aportando este nivel", ha sentenciado Rafaela Romero.