Vox interpuso un recurso de apelación contra la sentencia de 31 de mayo de 2021 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valladolid tras la polémica por el desmontaje de la carpa y mesa informativa instaladas por VOX frente a la estatua de Colón, el pasado 11 de octubre del 2020.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado sentencia en un escrito fechado a 9 de noviembre y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, y ha estimado este recurso de apelación interpuesto por VOX contra dicha sentencia.
En su escrito, el letrado de la Administración de Justicia estima la demanda interpuesta por la representación procesal del Partido Político Vox contra la orden impartida el 11 de octubre de 2020 por los agentes de la Policía Local para el desmontaje de la carpa y la mesa ubicadas por Vox en la Plaza de Colón en el desarrollo de la concentración frente a la estatua de Cristóbal Colón y ha anulado, por su disconformidad con el ordenamiento jurídico dicha orden.
En el escrito, se condena al Ayuntamiento de Valladolid al abono de 2.500 euros al partido recurrente. Se imponen las costas de la instancia al consistorio vallisoletano y no se efectúa expresa imposición de las costas de esta alzada.
La presente sentencia es susceptible de recurso de casación ante la sala de los Contencioso-Administrativo con sede en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de 30 días después de la notificación de dicha sentencia.
Vox lo celebra
El partido asegura que la sentencia da la razón a Vox para desarrollar “libremente su actividad política en las calles de nuestra ciudad, frente a las tesis prohibicionistas que el alcalde, Óscar Puente, y su equipo de gobierno intentan imponer”, señalan desde la formación.
Añaden que, tras esta sentencia, “no se podrán producir en el futuro más abusos de poder ni persecución de la actividad política” ya que establece que “no es necesaria la autorización de ocupación de vía pública del Ayuntamiento de Valladolid para la instalación de las mesas informativas, al estar amparada su instalación en el derecho de reunión”.
Apuntan que el Alto Tribunal también sentencia que “ha habido vulneración por parte del Ayuntamiento de Valladolid del derecho de reunión que tiene amparo constitucional”. No estamos, por tanto, ante una cuestión de legalidad ordinaria, sino “de vulneración del derecho constitucional de reunión”, añaden.
Afirman que el Tribunal reconoce los daños morales causados a Vox con la orden “ilegal de desmontaje de la carpa y mesa informativa” por la “existencia de una limitación sustancial de los efectos de la concentración convocada” al “evitar que mediante la instalación de elementos de apoyo en la vía pública fuese percibida como tal” y “no como una mera aglomeración de ciudadanos sin propósito alguno”.
Vox Valladolid exige al alcalde, Óscar Puente, que “asuma sus responsabilidades políticas” al “intentar impedir de forma absolutamente ilegal que Vox ejerciera su derecho constitucional de reunión y de participación política de los ciudadanos”.
El Ayuntamiento de Valladolid recurrirá
El Ayuntamiento recurrirá ante el Tribunal Supremo “porque no estamos de acuerdo con la sentencia. Creo que no ha interpretado bien el Juzgado la información que tiene. Claramente esta gente incumplió la solicitud de permiso al Ayuntamiento y el Juzgado dice que lo hizo”, asegura el concejal General de Salud Pública y Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Palomino, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.
Palomino asegura que se hizo “fuera de tiempo y de forma” y “no estamos de acuerdo en que la solicitud sea válida”. Reclaman 2.500 euros como “daño moral pero no hubo ninguno”. Ellos estuvieron toda la noche “tan tranquilos, pero no montaron la carpa cuando fue la Policía a informarles que no tenían autorización de espacio público del Ayuntamiento no la montaron y ya está”.