El pasado 1 de diciembre, EL ESPAÑOL de Castilla y León les informaba de que la exconcejala de Bobadilla del Campo, Inés María Fernández-Salinero, tendría que pasar por el banquillo el 5 de diciembre, acusada de un presunto delito de estafa. El juicio se suspendió por aquel entonces por “una pérdida de confianza en su letrada”.
Un pleito que estaba previsto que se celebrara este martes, 14 de febrero. Sin embargo, como han confirmado fuentes jurídicas a este período, la Audiencia de Valladolid tendrá que suspender, por segunda vez el juicio, debido a una indisposición de una de las testigos de la acusación particular.
Petición de la Fiscalía y el desarrollo de los hechos
Fiscalía pide tres años y seis meses de prisión, con la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, y multa de nueve meses con una cuota diaria de 10 euros y responsabilidad personal subsidiaria para Inés María Fernández-Salinero Carrasco, la que fuera concejala de Bobadilla del Campo, por un delito de estafa.
Los hechos se remontan al año 2019, cuando la acusada inició, en el mes de septiembre, una relación de amistad con una madre que llevaba a sus hijos a la misma guardería que ella ubicada en la localidad vallisoletana de Medina del Campo.
Ésta comentó a la acusada que su madre y otros dos familiares habían heredado un piso que pretendían vender, peo que no podían hacerlo al existir un embargo de Hacienda por importe de 10.041 euros, respecto del que carecían de capacidad económica para su cancelación inmediata.
La acusada, según reza el escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, guiada por el propósito de enriquecerse injustamente a costa del patrimonio ajeno, le dijo a la madre faltando a la verdad, que trabajaba en ese organismo público y que podía contactar con un alto funcionario del mismo, para que les permitieran pagar la deuda de forma fraccionada. La acusada también le informó de que ella era concejala en el Ayuntamiento de Bobadilla del Campo, una circunstancia que sí que se ajustaba a la realidad y que aumentó la confianza de su amiga.
La acusada, entonces, le dijo que debía hacer ingresos mensuales en una cuenta bancaria, haciéndole creer que era una cuenta de Hacienda, cuando realmente la titular de la misma era Inés María Fernández-Salinero Carrasco.
Ante esa creencia, la estafada efectuó, con el dinero de su madre y a través de un cajero automático de Cajamar, los ingresos en la cuenta de la acusada. 100 euros el 12 de diciembre de 2019, 150 el día 7 de febrero de 2020, 150 euros el día 6 de marzo de 2020, otros 150 el 8 de abril de 2020, 150 el 8 de mayo del mismo año y 50 el 8 de junio, también de 2020. Además, le entregó en mano 100 euros el 9 de enero de 2020 y 150 el 9 de julio de 2020, que la acusada ingresó en otras cuentas a través de cajero.
Finalmente, la pareja de la madre amiga de la acusada efectuó a la cuenta antes referida tres transferencias bancarias por importes respectivos de 2.988 euros, 2.988 euros y 2.996 euros.
Después, la acusada para intentar que la madre estafada y sus familiares no descubrieran que el dinero entregado no se había empleado para cancelar el embargo y pretendiendo de este modo retrasar la denuncia frente a ella, les explicó en un principio que la cancelación llevaría un tiempo de unos dos meses y envió a la amiga, el 5 de noviembre de 2020, un correo electrónico con un supuesto certificado de Hacienda relativo a que la madre de la estafada estaba al corriente de sus obligaciones tributarias, y también ese mismo día le entregó un documento que aparentaba ser una nota simple del registro de la propiedad de Medina del Campo en la que se hacía constar que la vivienda estaba libre de cargas.
Sin embargo, los perjudicados presentaron denuncia el día 9 de ese mes al descubrir la falsedad de estos documentos, ya que presentaban notables diferencias con los documentos auténticos.