La Guardia Civil investiga a una persona (O.F.H.) por realizar obras no autorizables en el término municipal de Aldeamayor de San Martín. En concreto, se había ‘montado’ en el patio de un suelo rustico con protección una mobile-home (casa rodante)y una piscina, la cual no era autorizable.

El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de Valladolid, tras realizar una inspección en una parcela del término municipal vallisoletano, al objeto de verificar la gestión incontrolada de diversos residuos y vehículos almacenados, observo que se estaban realizando diversas construcciones, consistentes en una piscina de grandes dimensiones y un cerramiento tipo pérgola, con la instalación de una caravana.

De las actuaciones realizadas se tuvo conocimiento, que el ahora investigado  O.F.H., vecino de Valladolid, carecía de la licencia urbanística para realizar  estas construcciones. La Patrulla actuante, solicitó un informe al Ayuntamiento, para conocer el tipo  de suelo y si contaba con alguna protección. Siendo elaborado un informe,  por parte de la autoridad competente, en el que definía el suelo como rústico  con protección de infraestructuras. En esta clase de suelo sólo podrán realizarse construcciones e instalaciones para potenciar los valores naturales, agropecuarios, forestales e hidrológicos que correspondan y vinculados al servicio de las obras e instalaciones públicas que se instalen en esos territorios, resultando las construcciones que se estaban realizando no autorizables, al no estar destinadas a los referidos usos.

Obras ilegales

De la investigación se concluyó que las obras realizadas se consideran ilegales, lo que en la práctica supone que los hechos podrían constituir un delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, motivo por el que se investigó a una persona como autora del mismo. Dicha acción puede llevar aparejada una pena de prisión de un año y seis  meses a cuatro años, y multa de doce a veinticuatro meses.

También se denunció la gestión de los residuos existentes en la parcela al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Valladolid, y al Ayuntamiento donde está ubicada. El Seprona de Valladolid instruyó las diligencias que fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid, y copia del mismo a la Fiscal  Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de la Audiencia Provincial de Valladolid.