Una obra que nunca comenzó y casi 5.000 euros en el limbo

El Ministerio Fiscal ha ordenado la apertura de juicio oral ante el Juzgado de lo Penal contra Rubén P.J. por un delito de estafa y pide para él una pena de prisión de tres años en un pleito que se va a celebrar el próximo jueves, 29 de junio en la Audiencia de Valladolid.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, se apunta que Rubén P.J. consta ya con antecedentes penales al haber sido condenado como autor de un delito de estafa a la pena de prisión de un año tras una sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid, el 17 de diciembre de 2020.

El escrito apunta que en junio de 2020 el acusado se comprometió, sin intención de cumplir el compromiso sino tan sólo de obtener un beneficio económico, a realizar una reforma en el patio de la vivienda de otra persona en Matapozuelos.

La obra consistía en hacer un merendero y cerrar un muro. Para ello, el acusado le pidió unas cantidades de dinero que el damnificado le entregó. Una primera en mano, que ascendía a 1.200 euros, cuya entrega realizó en el domicilio a reformar, y una segunda por transferencia el 1 de julio de 2020 que ascendía a 3.500 euros, con el pretexto de que las necesitaba como adelanto.

El escrito afirma que el acusado no ha realizado obra alguna, pasándose por allí escasamente cinco veces, sin completar jornada ni parcial ni completa, sin realizar trabajos ni abonar materiales, ni siquiera el hormigón que la empresa Geosma depositó allí y que fue aplicado sin lógica constructiva alguna.

Tampoco ha devuelto cantidad dineraria alguna a pesar de que así se lo reclamaba el denunciante y perjudicado. La factura a la que este ha tenido que hacer frente a la empresa Geosma asciende a los 348,48 euros.

Los hechos son constitutivos de un delito de estafa con agravante de reincidencia y el fiscal pide una pena de tres años de prisión para el acusado con la accesoria inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y deberá indemnizar al perjudicado con 5.048,48 euros por las cantidades entregadas para la realización de una obra que nunca se hizo.